El gobierno de la 4T y el capitalino siguen confundidos sobre su obligación, deber y/o compromiso básico de cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué? En parte porque mantienen su convicción,
credo o discurso de que ellos son diferentes a todos aquellos que los precedieron en los cargos que hoy ostentan, así sea el caso de la ciudad de México, donde esa fuerza tan peculiar, abigarrada y aún disímbola que se autodenomina "izquierda" haya gobernado la capital mexicana desde 1997 cuando por vez primera una elección decidió la jefatura de la administración de nuestra ex noble y leal ciudad de México, con nada menos que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, paradójica pero explicablemente alejado de la caudalosa marea cuatrotista.
Refiero esto a propósito de las marchas, protestas y desbordes que se suscitaron durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que incluyeron una reacción desproporcionada e insensible que ilustró el despliegue de vallas metálicas en torno a monumentos emblemáticos de la capital como el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de las Bellas Artes, la Catedral Metropolitana y aún el Palacio Nacional. Se entiende el deber e interés de nuestras autoridades por preservar esos monumentos icónicos de la Ciudad de México, aun cuando esa decisión envió políticamente una pésima señal para quienes esperamos decisiones de gobierno incluyentes, dialogantes, tolerantes y sobre todo eficaces para resolver las controversias que surgen en torno a la cosa pública, urbana o nacional.
Es claro que cualquier persona que resida en la ciudad, los estados, los municipios y en cualquier punto de la geografía nacional que viole, transgreda o quebrante las leyes y las normas que nos rigen a los mexicanos, debe ser acreedor (a) a las sanciones también previstas por la estructura o andamiaje jurídico vigente. De otra forma, se fomenta la impunidad y al mismo tiempo las autoridades incumplen o violan el cuerpo jurídico-administrativo del país, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Esto porque aún sin ser abogados, sino simples ciudadanos o peatones diplomados, esto conforme un título creado por el extinto historiador, cronista y maestro Arturo Sotomayor de Zaldo, sabemos que la ley se rompe o viola por acción u omisión.
Sin embargo, nuestros gobernantes insisten en que ellos son diferentes y en que jamás van a reprimir, incluso a quienes incurran e incurren en delitos flagrantes como la destrucción de bienes públicos y privados. Eso es omisión y complicidad en el grado que usted guste. Parece que los gobernantes de hoy padecen el síndrome del 68, del halconazo o de tantos otros episodios represivos que impactaron la vida nacional y dejaron saldos impensables en un país y un sistema democrático al menos en forma aspiracional.
Aclaremos, asumo que prácticamente ningún ciudadano mexicano es partidario de la represión, pero tampoco de la impunidad y menos si ésta la prohija la autoridad, que en cualquier caso asume con sus cargos el compromiso básico, esencial, clave, de cumplir y hacer cumplir la ley. De eso se trata. Entonces ¿para qué dar tantas vueltas al asunto? Cúmplase y hágase cumplir la ley. Nada más, pero nada menos.
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@RoCienfuegos1