Entre nueve y once horas, cientos, si no es que miles de taxistas hidalguenses asfixiaron a la entidad con bloqueos en las vías principales de Pachuca y otros municipios aledaños para repudiar un programa del gobierno de Omar Fayad Meneses que apunta hacia la
modernización de este servicio, un nido de intereses donde según la vox populi convergen políticos prominentes, muy abusadillos y sagaces de esa entidad del centro del país.
Pero al margen del programa Taxi contigo, que prevé el uso de una plataforma digital y de teléfonos inteligentes, que por supuesto los conductores del estado rechazan con el argumento de que les resultaría oneroso, y aún de los argumentos o propósitos del gobierno hidalguense para llevarlo a cabo, el hecho frío y escueto que resalta de la parálisis que hace dos días impusieron a esa entidad, es el poder de un grupo, en este caso de los taxistas y sus patrones, sobre el gobierno mismo y el estropicio que causaron a lo largo de muchas horas a toda la población.
Al igual que otros municipios hidalguenses de la zona conurbada, Pachuca, la capital del Estado, fue paralizada porque a un grupo de individuos les pareció la única forma de hacerse escuchar. Pero impusieron su interés particular y de grupo al resto de la población. Se violaron leyes locales y aún constitucionales como las relacionadas con el derecho al libre tránsito y se incurrió en el delito, si, delito de bloqueo de vías primarias y secundarias, cuando menos.
Se dirá que no había otra forma para hacerse escuchar y podría apelarse incluso al derecho a la libre manifestación. Correcto, siempre y cuando no se viole o transgreda el derecho de terceros.
Durante nueve y hasta por 11 horas, los taxistas hidalguenses impusieron su ley, la de ellos, sin importar el derecho de nadie más. Así, impactaron la actividad de prácticamente toda la ciudadanía, entre ella transportistas, locales y foráneos, de pasaje y carga, comerciantes, familias, personas enfermas, trabajadores de diversos sectores. Los daños económicos podrían seguramente contarse por millones de pesos. Nadie, salvo quienes los sufrieron, compensará esos estropicios. Nadie tampoco pudo ni quiso garantizar el derecho colectivo, que naufragó ante la embestida de unos cuantos, así hayan sido miles de taxistas. Un segmento económico se impuso por la vía de los hechos y el amago, a todos los demás. Nada importó.
El gobierno de Fayad dejó hacer y dejó pasar, aun cuando como todo gobierno disponga de un arsenal de leyes y mecanismos para hacer cumplir la ley, por lo demás un compromiso constitucional. Con la mano en la ley, el gobierno hidalguense pudo impedir los bloqueos y garantizar el derecho de todos los residentes en esta entidad, pero no lo hizo y soliviantó a los manifestantes. Que no se quería reprimir, podría ser otro argumento como el que usan otros gobiernos del país. Nadie les pide hacerlo. Pero es exigible el acatamiento a la ley y punto. Como sabemos, la ley de viola por acción y/o por omisión.
La policía, antes que actuar contra los bloqueos, acompañó la protesta al permanecer al lado de los taxistas que impidieron el libre tránsito por horas como dije arriba.
Y ya ni hablar de cómo se vulneró el Estado de derecho que los gobernantes en general proclaman a los cuatro vientos, invariablemente, pero que incumplen permanentemente.
¿Qué garantías tiene en estas circunstancias el ciudadano de pie, el común y corriente? Esta vez, al menos, pudo más una turba de conductores de vehículos de servicio público, a los que se les pudo si se hubiera querido cancelar la concesión, sancionar con actas ante el Ministerio Público y aún obligar a liberar las vías de circulación e incluso responsabilizar de los daños materiales y eventualmente por las pérdidas humanas que su actuación implicó. Nada de eso se hizo. Quizá porque se piense que el acatamiento de la ley y su cumplimiento generalizado nada importan o porque haya temor a actuar contra personajes poderosos con intereses igualmente poderosos.
Es una lástima que todavía en México estemos tan alejados de gozar de un auténtico estado de derecho y que se permita, por temor, intereses o poder, la barbarie de unos cuantos sobre muchos.
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@RoCienfuegos1