Casi medio centenar de periodistas asesinados, conforme -es preciso, subrayar- el registro oficial de la Secretaría de Gobernación que
ahora encabeza el ex gobernador de Tabasco, Adán López, se acumulan en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una pena, por decir lo menos, que esto ocurra en un país como México, cuyo gobierno machaca y machaca en el discurso su compromiso contra la impunidad, el imperio absoluto de la ley, y su total respeto por la libertad de expresión. Recién ayer, y en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento para admitir que los asesinatos de periodistas en el país constituyen un verdadero problema de Estado.
A mediados de julio pasado y antes de que fuera relevada por el ex titular del Ejecutivo tabasqueño al frente de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero avaló un informe de la dependencia a su cargo, según el cual entre 2018 y julio de este año, 43 periodistas y 68 activistas de los derechos humanos murieron asesinados en México. La cifra genera escalofrío, además de indignación. También revela impunidad. En su informe ayer martes, la CNDH condenó los recientes homicidios del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada fuera de su casa en San Cristóbal de las Casas, y del fotorreportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco, antes de ser torturado y asesinado.
Pero los periodistas en México también enfrentan otras circunstancias nada halagüeñas en estos días. Claro el asesinato es el extremo de esa situación calamitosa que enfrentan muchos periodistas en México y aún el mundo. En México, por ejemplo, los periodistas también son un blanco frecuente de estigmatización desde el púlpito mañanero de Palacio Nacional -la retahíla de epítetos consumiría buena parte de este espacio-.
Enfrentan desempleo, salarios bajos, precariedad laboral y otros abusos, que constituyen delitos, muchos de ellos en la más absoluta impunidad. Otro ejemplo en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas podría ser el conflicto de huelga que hace más de 620 días agobia a decenas de periodistas de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Hace apenas unos días, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo a favor del periodista Rodolfo Rivera Vázquez, corresponsal por más de dos décadas de Notimex, pero muerto en Caracas, Venezuela, en septiembre pasado en la pobreza y el abandono más lastimosos. Rivera Vázquez se fue de este mundo con la esperanza de justicia del Estado mexicano. Como el Cid Campeador, Rodolfo ganó la batalla, pero no la justicia.
En espera de sus laudos laborales, se mantienen otros 19 periodistas que fungieron por años como corresponsales de Notimex en el extranjero. Decenas más de periodistas que sirvieron a Notimex también por años, aguardan el desenlace legal de sus demandas tras una ola de despidos injustificados hace poco más de dos años. Algunos de ellos también han muerto en la espera. No murieron a balazos, al menos, pero sí de abusos, injusticia, e impunidad, fenómenos todos ellos incompatibles con el Estado de derecho, la legalidad y aún la democracia.
@RoCienfuegos1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.