Cada vez crecen las evidencias en contra del ex inquilino de la Casa Blanca, el magnate del ladrillo, Donald Trump,
un virtual delincuente que durante cuatro años tuvo en sus manos todo el poder político de Estados Unidos. Y si con todas las evidencias, que casi de manera cotidiana se acumulan, resulta imposible ponerlo en el banquillo de los acusados, su verdadero sitio, entonces hay que esperar lo peor en su país y aún el mundo.
Hace solo unas horas, la asesora Cassidy Hutchinson, una funcionaria clave en la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, declaró ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que Trump sabía que algunas personas reunidas en una explanada capitalina esa mañana tenían armas. Pero, claro, no le importó. Por el contrario, pidió liberar el acceso a su gente para que acudieran hasta el recinto legislativo, con la idea de propinar un golpe de Estado al desconocer el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.
Según Hutchinson, Trump ordenó a su equipo, con palabras altisonantes, que retiraran los detectores para impedir obstáculos a sus simpatizantes. Hutchinson testimonió que Trump habría desdeñado que hubiera armas, diciendo que le daba igual.
Refirió igualmente que ella estaba asustada e intranquila sobre lo que podría ocurrir. Hutchinson era entonces una de las principales asistentes del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.
De hecho, Meadows confió a Hutchinson que “las cosas podrían empeorar mucho” ese día seis de enero del 2021. Los informes de funcionarios de seguridad sobre la presencia de personas con armas, entre ellas varias automáticas y blindaje personal, no parecían haber preocupado mucho al propio Meadows, dijo Hutchinson.
Hutchinson dijo incluso al panel que estaba preocupada desde antes porque había escuchado los planes para la marcha y los posibles desplazamientos hacia el Capitolio, donde luego cientos de partidarios de Trump empujaron violentamente a la policía y rompieron ventanas y puertas, interrumpiendo la certificación de Biden de su victoria electoral.
La mujer ya había aportado una gran cantidad de información a los investigadores del Congreso y tuvo cuatro entrevistas a puerta cerrada, pero la comisión la convocó esta semana para escuchar su testimonio público.
De hecho, las audiencias de la comisión investigadora de los hechos se han difundido en televisión, lo que parece al menos el inicio de un movimiento de péndulo de la opinión pública en contra de Trump, un auténtico golpista.
Un escenario ya mencionado; sin embargo, es que si los Republicanos ganan la mayoría en Diputados y el Senado en noviembre próximo, van a enjuiciar políticamente (impeachment) al fiscal Merrick Garland, y aún al mismísimo Biden, así parezca imposible e increíble al menos por ahora.
Así que a menos de que esas audiencias produzcan un vuelco atronador y decisivo de la opinión pública en contra del golpista, las posibilidades de que la investigación produzca algún resultado constructivo, como encausar penalmente al golpista, entre otras cosas, parecen cuesta arriba. Esto porque esa comisión carece de la autoridad o el poder de enjuiciar a nadie.
En todo caso, lo que puede hacer, cuando mucho la comisión, es remitir el caso al Departamento de Justicia, para que sea este el que se encargue de la causa penal.
Pero si no se produce ese vuelco decisivo de la opinión pública, es posible que cuando llegue la hora de decidir si encausar o no al golpista Trump, el fiscal Garland ceda a la presión de que desestime el caso por razones políticas, es decir, para mantener la paz y la estabilidad internas del país. En ese punto, el juego va a ser político, no penal o judicial, y, por lo tanto, sujeto a presiones políticas.
Se añade a esto, la muy reciente invalidación del caso Roe vs. Wade, o la supresión de las protecciones constitucionales en materia del aborto. Así que si queda alguien que todavía cree que los republicanos tienen vocación democrática, pues esas personas necesitan ayuda profesional.
Aun así, lo único que puede impedir un nuevo y más duradero acceso al poder de los fascistas republicanos es una demostración contundente en las urnas, tanto en noviembre como en el 2024. Ya el juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, y aún Samuel Alito, intimó que convendría retomar otras cuestiones fundamentales de derecho, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta la privacidad. Thomas debe haber aguardado pacientemente y con los dientes rechinando de la rabia durante años y décadas enteras por este preciso momento, donde el marcador permanece inamovible en 6-3 a favor de los “conservadores”.
La clave de este amasijo radica en un despertar del electorado y en un vuelco aplastante de la opinión pública, un terreno impredecible, siempre volátil y aún pantanoso. Veremos.
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@RoCienfuegos1