No es “politiquería” como suele descalificar el presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez que se hace algún
señalamiento que disiente de su narrativa, pero hay que insistir en que el auge de los militares en la vida pública del país constituye un fenómeno que preocupa porque socava las bases del poder civil constituido, y abre apetitos ingentes e insospechados en la institución armada. Antes que “politiquería”, muchos mexicanos manifestamos nuestra preocupación genuina por la incursión de la institución castrense en áreas propias e inherentes a la administración pública federal, estatal y aún municipal.
Es cierto, pudiera si acaso aceptarse el papel militar en faenas de seguridad pública ante el desbordamiento criminal en México –no contenido por la política de abrazos y no balazos que sigue el presidente defendiendo. Pero aún en ese campo, y conforme los resultados del uso extremo del recurso militar, resulta cuestionable, así en este sexenio se esté profundizando en grados inimaginados la asignación de más militares y se incurra en el desdén por la formación de una fuerza policial robusta, honesta y eficaz, en una claudicación más del poder civil constituido.
Podría comprenderse –insisto- que, ante el embate criminal en México, el presidente, los gobernadores y más aún, los alcaldes, entre otras instancias, como la propia policía, los legisladores, y no se diga la población civil, que se recurra a los militares para encomendarles tareas de seguridad pública. Es comprensible en cierto grado. Pero es que las funciones de los militares rebasan ya en este sexenio todo aquello que dentro de un sano juicio sería aceptable y aún, estrictamente necesario, algo que hace suponer situaciones e intereses impensables más allá del combate al crimen organizado y el narcotráfico, o la urgencia de propiciar la seguridad e integridad de los gobernados, que sigue al garete desde hace años.
En ese contexto se inscribe de nueva cuenta el nombramiento esta semana del general diplomado del Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, al frente de la subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene todos los visos de un exceso, con peligros altos para garantizar la vida pública equilibrada, democrática y civil de México.
Se están cediendo en este sexenio demasiado poder, recursos y discrecionalidad a los militares bajo la falsa presunción de que éstos son incorruptibles, eficaces al 100 por ciento y prácticamente infalibles en cuanto terreno se les coloque, más recientemente en el metro de la ciudad capital. Ninguna de esas presunciones resulta válida a carta cabal.
Los militares ya tienen bajo sus botas el control y operación de áreas críticas, estratégicas y sensibles de la administración pública mexicana, conforme a las instrucciones de su comandante en jefe por solo este sexenio. Así, no sólo acometen la construcción de las obras de infraestructura emblemáticas del gobierno de López Obrador, sino que también asumen el control de sus operaciones y eventuales dividendos económicos. Es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de los aeropuertos de Chetumal, Campeche, Palenque y Tulum. Recientemente, fue anunciada la compra de la marca Mexicana de Aviación por poco más de 800 millones de pesos, la cual será operada -¡sorpresa!- por militares, lo mismo que hoteles en la Riviera Maya.
También los militares ejercen tareas de control migratorio en las fronteras, de puertos y aduanas, autopistas y carreteras federales, construyen y administran grandes proyectos de infraestructura, entre otras funciones. Todo esto a costa del poder civil instituido.
De manera tácita, pero absolutamente evidente, López Obrador admite a través de esta política del echar mano de los militares en tareas tan amplias y diversas, el virtual fracaso de la clase política en general para gobernar el país con un éxito relativo, al menos. Cada vez más el gobierno se recarga en los militares, lo que es poco aconsejable.
La pregunta, válida y no politiquera, es qué va a pasar en México con militares empoderados en exceso, puestos al servicio de un gobierno que les ha prodigado toda clase de prebendas, canonjías y beneficios en un grado que no se había visto y que en consecuencia, será considerado como un gobierno benefactor, proclive y favorable a los intereses crecientes del poder castrense, que miran cómo languidecen otros. ¿Queda absolutamente descartada la corrupción y en caso de que ocurra, quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Los abusos? Una de las tesis favoritas del presidente López Obrador es que “amor con amor se paga”. ¿Cómo los militares corresponderán y/o pagarán al amor nada menos que del presidente? ¿Reclamarán los militares a un presidente (a) que no proceda con el mismo amor o que intente siquiera moderar intereses creados en este sexenio? ¿Qué márgenes quedarán a un nuevo gobierno tras las elecciones del 24? ¿A quién rendirán cuentas los militares de sus gestiones, actos y presupuestos?
Lord Acton nos dejó dicho que “todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. ¿Desdeñamos la advertencia? Y conste, no es politiquería, sino una preocupación total.
Roberto Cienfuegos J.
@RoCienfuegos1