La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ayer jueves que la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional
a la Secretaría de la Defensa Nacional entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, esto para dar tiempo a las dependencias involucradas a que de manera gradual realicen el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde al ramo de seguridad pública. De nueva cuenta, el máximo tribunal constitucional de México tuvo que actuar en esta materia para corregir los entuertos derivados de una reforma impulsada a través de leyes secundarias por el gobierno de la Cuarta Transformación de manera poco pulcra -para decirlo en términos suaves- y aprobada por el Congreso con la mayoría morenista por “fast track”, para satisfacer apetitos políticos y sin la ponderación debida en tratándose de un asunto clave como la seguridad de los mexicanos.
Pero más allá de los procesos legislativos, importantes claro en un grado superlativo y aún de la sumisión al poder de turno de los legisladores de Morena, una práctica a la que se asocian muchas carreras y futuros políticos, hay que destacar el ir y venir de los 130 mil miembros de un cuerpo prácticamente militar como la Guardia Nacional, que, desde su creación en el 2019, se les ha sometido a los procelosos mares de la política, y más recientemente a un manoseo indebido.
Esto, primeramente, porque se le concibió en su origen como un cuerpo de seguridad pública civil, aun cuando la mayor parte de sus miembros proceden de las filas castrenses, que incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia Marina-Armada de México, entre otros cuerpos, como la extinta Policía Federal.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. a diciembre de 2020, la Guardia Nacional estaba compuesta por 24 mil 174 elementos de la Policía Federal; 59 mil 548 de la SEDENA y 16 mil 513 de la SEMAR. Se trata de un cuerpo civil con bases militares, agrega este centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista.
Este mismo centro, previno entonces que la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA provocaría la pérdida de la única institución civil con presencia a nivel nacional encargada de la seguridad pública, lo que repercutía en que las fuerzas armadas se encargarían de facto de la seguridad pública, mismas que han estado presentes desde el origen de la Guardia Nacional. En este contexto, la opacidad del gasto de las fuerzas armadas impediría determinar la eficiencia y eficacia del gasto público, sin poder determinar si la Guardia Nacional cumple o no con sus objetivos.
Dicho, en otros términos, en realidad la Guardia Nacional fue creada con el propósito de camuflar de nuevo el papel preponderante de los militares en este sexenio, esta vez en un ámbito crítico como la seguridad ciudadana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la desazón que le causó la negativa del máximo tribunal constitucional del país de avalar la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, anunció que, en septiembre del 2024, un mes antes de dejar el poder, enviará una iniciativa de reforma constitucional para insistir y conseguir su objetivo. Mete así un tema crítico en la lucha electoral de cara al 2024, con repercusiones desconocidas, pero que muy probablemente no será ajeno a los propios militares que podrían cobrar una beligerancia política como parte interesada. Algo esto último de efectos impredecibles. Al tiempo.
Roberto Cienfuegos J.
@RoCienfuegos1