Estamos a ocho días de iniciar el gobierno de la Cuarta transformación, un cambio radical con Andrés Manuel López Obrador como
protagonista de una alternancia histórica que, en la etapa transicional, sin seguir los procedimientos legales y políticos convencionales, ha dado mucho de qué hablar, para bien y para mal.
Desde el abrumador triunfo electoral del primero de julio, AMLO se apoderó de la agenda política nacional, borrando del mapa al gobierno saliente, (con la complacencia y complicidad de Peña Nieto), y moviendo los hilos de la política, la economía y de la sociedad en su conjunto.
No existe registro de tanta acción ejecutiva en un periodo de transición, como el que ha encabezado Lopez Obrador, al punto en que ha modificado los pronósticos de desarrollo y crecimiento y que tiene al filo de la butaca a empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, trabajadores del sector público, banqueros, periodistas y a los miembros de las fuerzas armadas.
Todo cambio implica sacrificio. Es evidente que tan solo hemos visto la punta del iceberg de la ola renovadora que se avecina.
• Para atrás la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
• Intención de desaparecer muchas de las comisiones que cobran los bancos.
• Las fuerzas armadas, siempre, no volverán a sus cuarteles sino que serán la columna vertebral de la Guardia Nacional, de la nueva estrategia de seguridad.
• Reajuste a los ingresos de los altos funcionarios públicos.
• Se acaba el fuero y se terminarán los privilegios que gozaron por décadas.
Cuarta Transformación a través de la cual, López Obrador busca pasar a la historia, según sus propias palabras, por haber erradicado la corrupción en México, por sacar a los pobres del sótano de la Nación y reubicarlos en el propósito central de su política económica y social; también está decidido no solo a terminar con el baño de sangre en que se ha convertido el país, sino además alcanzar la paz interna por la vía del progreso y la igualdad de oportunidades.
Desaparece de la escena un sistema desgastado que no solo consintió la impunidad sino que además arropó a los señalados por corrupción y que terminó por hartar al pueblo. 30 millones de mexicanos se pronunciaron por un cambio radical y el cambio llegó, de eso, no hay duda. Lo único que está sujeto a cuestionamientos son las formas y es que como dicen, en política la forma es fondo.
Mucho se sigue cuestionando la simulación democrática que implican las consultas ciudadanas emprendidas para decidir lo que ya está decidido. Más aún existe un ánimo de desencanto por la idea que significa el patrullaje por las calles de una Guardia Nacional conformada y dirigida por las policías militar, naval y federal. Esta decisión contradice la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las fuerzas armadas no están calificadas para ejercer labores de policía, además de que nos acerca más a la visión del Estado absolutista.
Se cuestiona también el que se inicien los trabajos de infraestructura del sexenio, como el Tren Maya, sin que existan los estudios legales de rigor que toda obra requiere: sobre impacto ambiental, impacto social, o planes maestros. Se cuestiona lo que denuncia el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización no gubernamental, en el sentido de que el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, se realiza en un terreno donde fueron desmontadas 300 hectáreas de selva y manglares.
Se condena que la Senadora Rocío Nahle, sin atribuciones legales para ello, ordene las renuncias de los encargados de entidades públicas autónomas, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En suma es bienvenido el cambio en una sociedad enferma de inseguridad y corrupción, trastocada por la desigualdad social; con 54 millones de pobres y comunidades indígenas relegadas e ignoradas. Una clase política que solo vela por sus intereses personales y de grupo; y una clase empresarial acaudalada pero con trabajadores que viven al día.
Cuanto pueda hacerse para cambiar el escenario merece el reconocimiento público, pero no a costa de acabar con el federalismo, de ningunear a quienes piden juego limpio y reglas clara. No si se somete a todos los poderes al poder presidencial; no si se presume una democracia a través de consultas chafas; no si se pretende ejercer el control de los medios públicos de comunicación y si se descalifica a quien cuestiona las decisiones del poder y se le cuelgan etiquetas de “conservadores” o “adversarios”.
La cuenta regresiva está por terminar y la prueba de fuego a partir del próximo 1 de diciembre, fecha en que solo se formalizará el mando absoluto que indudablemente posee AMLO, convertido ya en el hombre más poderoso de México.
FB: Paco Ramirez
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