Como si el Poder Judicial Federal no tuviera suficientes problemas de imagen, encima de ello, ahora un Juzgado de Distrito se lanza a la nada popular tarea de amparar al exfuncionario universitario acusado y señalado como acusador sexual.
Eduardo López Betancourt, el principal dolor de cabeza de Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien además está vinculado a un proceso penal por el delito de acoso sexual agravado, en contra una alumna de la universidad, consiguió de un Juez de Distrito en Materia Laboral, una de esa sentencias que merecería ser enmarcada y colgada a la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal vez así, sus ministros y el Pleno del Consejo de la Judicatura, empezarían a ocuparse, de inmediato, de uno de sus grandes pendientes: el "tráfico de resoluciones", por parte de abogados ricos y poderosos, coludidos con jueces inescrupulosos, en los juzgados federales.
Al señor López Betancourt le concedieron una suspensión, en materia laboral, contra su remoción temporal como académico y contra su expulsión del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. La remoción temporal y la expulsión se le decretaron para cumplir una serie de medidas cautelares que le impuso el juez de la causa penal en su contra, particularmente la prohibición de acercarse a la víctima. Si el profesor continuaba asistiendo a la Facultad, no habría manera de garantizar que no se encontrara con la alumna que lo denunció y, con ello, se incumpliera el ordenado distanciamiento de la víctima.
Aunque no se dice, es evidente que la medida de separarlo del Consejo Técnico y con ello del Tribunal Universitario, obedeció específicamente a la intención de detener el escándalo que envolvía a la UNAM, así como el ridículo en que la institución quedó durante unos días por la cobertura mediática de la consignación y vinculación a proceso de un altísimo funcionario de la UNAM.
A pesar de que solo fue suspendido administrativamente, sin afectar ninguno de sus derechos laborales, el profesor "rabo verde”, como se le conoce ahora en la UNAM, se niega a admitir la derrota y, con ese colmillo retorcido y esa gorda chequera que tiene, se consiguió un Juez de Distrito a modo, para recibir una suspensión en un amparo laboral, cuando legalmente no se le han afectado ninguno de sus derechos laborales: conserva tanto su empleo como su salario y su antigüedad, por lo menos en tanto no se resuelva, definitivamente, el juicio penal a que está sometido. Sin embargo, por increíble que parezca y en abierto desacato de las normas de la competencia, un juez federal en materia laboral se declaró competente para conocer de un asunto exclusivamente administrativo.
Ahora que anda necesitado de credibilidad, el ministro Arturo Zaldivar y los integrantes del Consejo de la Judicatura, ya deberían estar tomando nota e investigando tanto el caso, como la forma de actuar del juez Gabriel Domínguez Barrios, pues parece que el hombre vive en otro país, o quizá en otro planeta. Pretender resolver un caso sin ajustarse al Estado de Derecho y considerar el contexto, no es digno de un auténtico juzgador del siglo XXI. Ignorar que este, en particular, además de no ser un asunto laboral, sino administrativo, tiene un trasfondo de violencia de género y puede alterar gravemente el equilibrio de la vida universitaria en la UNAM por las protestas de la comunidad y los reclamos feministas que podría ocasionar, evidencia una inadmisible falta de responsabilidad, además de motivar una justificada sospecha sobre el juzgador.
Además de todo lo irregular que se advierte de fondo, en la resolución del Juez de Distrito, hay quienes afirman que con ella, el juzgador no solo abandonó a su suerte a la alumna víctima de López Betancourt, la mujer que lo denunció y para cuya seguridad se dictaron las medidas cautelares. El juez Domínguez Barrios, además, violó la autonomía universitaria al inmiscuirse en un asunto interno de la UNAM, de carácter exclusivamente administrativo, para convertirlo, por sus pistolas y para beneficio del victimario, en una falsa causa laboral.
A ese grado llega a torcerse la justicia hoy en el México.