A la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, en diciembre de 2018, en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, (IMSS) inició un sistema elaborado, pero simple, de defraudación a la institución de salud de los trabajadores que representa aproximadamente 140 millones de pesos mensuales con un monto de 1,680 mil millones de pesos al año. Esta sangria se realiza mediante el cobro de incapacidades de los trabajadores, que sin saber que en la institución les han autorizado incapacidades que no han solicitado y que son aprobadas de manera expedita y pagadas mediante transferencia electrónica, generalmente a cuentas aperturadas a nombre del beneficiario en bancos que cuentan con poca seguridad para la apertura de cuentas nuevas como el caso de Copel o Banco Azteca y que mediante el robo de identidad son operadas y manejadas por los defraudadores.
El modo de operar de este grupo de delincuentes incrustados en el IMSS y que seguramente opera con la complacencia de la dirección de la institución, consiste en que, al trabajador beneficiario de un rango de sueldo entre los 20 y 30 mil pesos mensuales, le es reasignada una clínica o UMF, realizando el cambio sin autorización o conocimiento del trabajador, en esta clínica un médico familiar, coludido con los delincuentes, autoriza las incapacidades que van de los 8 a quince días, con salario topado, y que son pagadas de forma rápida y sin mayor trámite en la cuenta previamente aperturada en un banco a nombre del asegurado y que es manejada por los delincuentes.
Internamente en el IMSS las asignaciones de cambios en el sistema son autorizados por la dirección general del instituto y pese a que se han hecho denuncias en el órgano interno de control (OIC) del IMSS, se siguen realizando este tipo de actos impunemente.
Generalmente en el caso de los trabajadores afiliados al IMSS cuando requieren de atención médica por accidente o enfermedad, las citas para consulta en las UMF suelen tardar de 30 a 45 días para ser otorgada y en el mejor de los casos hay que acudir a la unifila para obtener una evaluación médica, siempre y cuando alcancen turno y para ello hay que llegar a la clínica entre las 7 y 7.30 de la mañana para que se asignen los lugares a partir de las 8 de la mañana. Una vez evaluado al paciente, el médico familiar determina si es procedente otorgar la incapacidad y generalmente se dan incapacidades de un día y máximo 3 día, con lo cual, el IMSS no paga la incapacidad, ya que para que se puedan pagar las incapacidades, deberán ser de más de 3 días laborables y estarán sujetas a aprobación de la dirección médica.
A aquellos trabajadores a los que le son autorizadas las incapacidades de 4 a 15 día en virtud de su enfermedad o lesiones, normalmente tienen que sufrir un viacrucis para cobrar las incapacidades y se enfrentan a un sistema lento y burocrático para poder acceder a su prestación, sin embargo, a los delincuentes les pagan de manera rápida y sin mayor tramite, con todas las facilidades que pudiera dar la institución.
Los trabajadores que han sido afectados con este tipo de prácticas de cobro ilegal en la institución no pueden presentar denuncia por el cobro indebido de las incapacidades, ya que, al acudir a la Fiscalía a presentar denuncia, generalmente les dicen que no pueden realizar la querella por carecer de interés jurídico, ya que ellos no son los directamente afectados, toda vez que a quien le están causando el daño patrimonial es al IMSS y que en todo caso el que deberá presentar la denuncia es el representante legal de la institución.
De esta manera se sigue sangrando el patrimonio del IMSS, día a día, sin ninguna consecuencia y con la complacencia de Palacio Nacional, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de estos hechos, por las denuncias públicas y ante las denuncias presentadas en la Fiscalía desde 2019.