Comprometido con la democracia, el presidente, Enrique Peña Nieto presentará una controversia constitucional en contra del Juez 32º de lo Civil del Distrito Federal por “no respetar la ley” e intentar frenar las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).
En conferencia de prensa, el Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes indicaron que el juez local, Guadalupe Mejía Galán, invadió las facultades constitucionales de dicho Instituto para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga, de los contenidos de la televisión abierta, conocido esto también, como Must Carry y Must offer.
Explicaron que el llamado Must Carry y Must Offer gratuito es un elemento esencial de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones recientemente aprobada, detallando que genera competencia en el sector de la televisión de paga, pero más aún para salvaguardar el derecho de toda persona a recibir las señales de televisión abierta por medio de la televisión de paga sin costo adicional.
Recordó que la Constitución señala que IFETEL es quien debe resolver sobre la retransmisión de contenidos, es decir, sobre el Must Carry y Must Offer gratuito y no un juez local, en este caso, del Distrito Federal.
“Por tanto, el hecho de que el juez local notifique que carece de competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones en dicha materia argumentando la posible violación de derechos de autor, invade a todas luces las facultades que a la Federación le otorga la Constitución”, detalló el consejero jurídico.
Detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en varios precedentes, que el Presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la Federación aún y cuando éstas estén conferidas a otro Poder Federal.
“Los casos se han referido a controversias del Presidente de la República en defensa de las facultades del Poder Legislativo”, recalcaron
Recalcó también que en casos excepcionales como el antes explicado procede la controversia constitucional en contra de actos judiciales, si es el caso de que se invadan competencias que corresponden a la Federación.