La indiferencia, incapacidad, falta de capacitación y experiencia, ineficacia, inoperancia, falta de transparencia, dilaciones, omisiones, desinterés, deficiencias, impunidad y corrupción que envuelven a las instituciones y servidores públicos provocan que no se atiendan las necesidades y se resuelvan
los problemas que aquejan a las y los mexicanos, causando se vulneren sus derechos humanos.
A pesar del discurso político sobre el combate a la corrupción y la impunidad; la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y, la existencia de una Ley General de Responsabilidades Administrativas, estos problemas siguen creciendo sin tener una fecha límite para resolverlos; por lo que, se seguirán violando derechos fundamentales invariable e indefinidamente.
Por cierto, el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades antes citada, ordena al servidor público que debe desempeñar su cargo o empleo con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; pero sobre todo, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución; sancionando aquellos servidores públicos que no lo hagan.
Tampoco ha sido muy útil, que en el discurso político se esté amenazando constantemente en disolver los Organismos Públicos Autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más, cuando su propósito principal es precisamente proteger y defender los derechos humanos de todas y todos los habitantes de México; principalmente, cuando el Estado es quien los vulnera.
Aunque en la actualidad, dicho Organismo Autónomo da una imagen de no querer molestar al titular del Ejecutivo Federal ni molestar a sus servidores públicos de la administración pública federal. Lo que deja sobre entendido, el conflicto que se tiene en la CNDH; respecto a, si proteger los derechos humanos de las y los gobernados o evitar enemistarse con el titular del Ejecutivo por emitir alguna recomendación necesaria por violación a derechos humanos. Pero creo, que eso ya quedó aclarado desde el nombramiento de la actual Ombudsperson.
Ello provoca una gran disolución, sencillamente porque la presidenta de la CNDH debería entender a la perfección el sufrimiento de las personas cuando les han violado sus derechos humanos y el Estado no atiende sus demandas al respecto; pues su hermano -que pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre- fue desaparecido en los años 70´s, sin que hasta el día de hoy se sepa algo de su paradero o de quienes lo cometieron.
A causa de todo lo antes descrito, nacen las razones suficientes que justifican la necesidad de crear diversas “Comisiones de la Verdad”; y de esta manera, se obliguen a las instituciones y servidores públicos a respetar y proteger los derechos humanos, logrando resarcir en la medida de lo posible los derechos vulnerados y la reparación del daño a las víctimas.
El documento intitulado: “En busca de la verdad, Elementos para la Creación de una Comisión de la Verdad Eficaz”, publicado por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, Centro Internacional para la Justicia Transicional y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explica que las “Comisiones de la Verdad” son:
“… organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo”.
“Las comisiones de la verdad son más efectivas cuando están incluidas en una estrategia de justicia transicional integral que incluya políticas de reparación, acciones penales y reformas institucionales. Al entregar conclusiones claras y recomendaciones convincentes se pueden enriquecer las políticas de un país en transición y promoverlas con sólidos argumentos legales y éticos”.
Sin dejar de mencionar, que estas “Comisiones de la Verdad” se crean para exigir a las autoridades atiendan los asuntos relacionados con hechos violentos que permanencen en disputa o son negados. Tal como el abuso de poder, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
Además, permiten una relación con las víctimas y sobrevivientes no sólo como informantes, sino también como poseedores de derechos y personas cuyas experiencias merecen reconocimiento y solidaridad. Proponer políticas y promover cambios en el comportamiento de los grupos y las instituciones de un país con miras a una transformación política y social.
Por lo regular, las “Comisiones de la Verdad” son creadas normalmente por las ramas ejecutiva o legislativa del gobierno. La manera elegida depende de las realidades políticas e institucionales de cada país, y cada una tiene sus ventajas y desventajas.
Infortunadamente, en México se tiene que hablar y considerar crear “Comisiones de la Verdad” con independencia de que existan instituciones y organismos gubernamentales; incluso, infinidad de asociaciones civiles, en cargadas de vigilar y proteger los derechos humanos de las personas. Pero ante lo descrito, tenemos que explorar la necesidad de crearlas.
Estas “Comisiones de la Verdad” tendrán que atender, darle seguimiento y recomendar que se resuelvan diversos temas pendientes que aún no han sido resueltos por el Estado Mexicano, tanto del pasado como de lo que esta sucediendo en estos momentos, tales como:
- Las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX
- Desapariciones y muertes en el movimiento del 68
- Desapariciones de los 43 de ayotzinapa
- Desaparecidos y muertos por la pandemia que dejó el COVID
- Desapariciones y muertas en Ciudad Juárez
- De fosas clandestinas; reconocimiento e identificación de cadaveres
Estos puntos, serán materia de análisis en la siguiente colaboración.