Entendemos como seguridad “la ausencia de peligro o riesgo”; o bien “la
sensación de confianza en algo o alguien”. En esta lógica, el Estado tiene su origen en la necesidad que tienen las personas de seguridad. Es su objetivo principal y fin último; por tanto, las acciones y esfuerzos de las instituciones gubernamentales deben estar encaminadas a ello.
Si lo reflexionamos con detenimiento, efectivamente todas las instituciones públicas tienen esa finalidad. Ya sean los cuerpos armados del Estado, que están legitimadas para hacer uso de la fuerza o bien las instituciones reguladoras, todas tienen intrínseco ese fin. El problema se presenta cuando la gente no percibe que se esté cumpliendo con las funciones.
Durante los últimos años, ha sido notorio el desgaste de la credibilidad de las instituciones públicas en el país. Hoy, las últimas encuestas de confianza indican que las instituciones gubernamentales han dejado de ser “socialmente aceptadas”. Sólo el ejército y órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un nivel medio de aceptación; en tanto que los policías y los órganos de representación popular, como el Senado y la Cámara de Diputados, se mantienen en los lugares más bajos de aceptación.
La ecuación seguridad y eficiencia gubernamental está estrechamente ligada. Si la gente se percibe como insegura y desconfía de su gobierno, es una muestra clara que existe una deficiencia en la función que deben desempeñar; en tanto que, si existe confianza y afinidad en sus instituciones gubernamentales, la percepción de ausencia de peligro se generaliza.
Si bien es cierto que la política, su diatriba y difusión, incide directamente en la percepción popular, también lo es que las acciones y la eficiencia gubernamental también lo hacen. La gente se siente insegura porque desconfía de sus autoridades y asume que están incumpliendo con sus obligaciones; por tanto, es menester de la política y de quienes las dirigen, difundir el actuar institucional y demostrar, con hechos fehacientes y contundentes, que cumplen con su función institucional.
Por desgracia, los tiempos actuales los sistemas gubernamentales y políticos padecen de un gran desprestigio social. La gente está muy lejos de confiar en sus autoridades, por el contrario, cada vez es más fuerte la tendencia a despreciar a las clases gobernantes, pues existe una desilusión creciente del modelo democrático.
Así las cosas, la tarea de los gobiernos estriba, esencialmente, en mejorar las condiciones de seguridad de las naciones y ello implica, necesariamente, que la gente vuelva a confiar en que son algo más que instancias autoritarias que merman libertades, sino que su función es tan valiosa que de ella depende la subsistencia de las personas y las sociedades.
@AndresAguileraM.