Uno de los más sentidos y recurrentes reclamos de la sociedad es el incumplimiento de las leyes. En México
existe una percepción de impunidad que mucho ha agraviado a la ciudadanía y que poco se ha abordado tanto por líderes de opinión como por la clase política. Ciertamente, esta percepción viene por la falta de cumplimiento a las determinaciones de las autoridades, sobre todo, cuando se trata a temas vinculados con la procuración e impartición de justicia.
Parte fundamental para que funcione el Estado es que las determinaciones de las autoridades que conforman al gobierno se cumplan irrestrictamente. Sobretodo, aquellas determinaciones que emanan de las resoluciones de los jueces.
En la función jurisdiccional se materializa el derecho; se hacen parte viva de la sociedad y se perfecciona la eficacia del Estado. Por ello, sus resoluciones, ya sean interlocutorias o definitivas, deben ser cumplidas a cabalidad y en sus términos. Cuando alguien, ya sea la autoridad o los particulares, dejan de cumplir con las resoluciones judiciales, existe una sanción severa por parte de la autoridad.
El delito de desacato existe en todos los estados modernos y, en la mayoría, es considerado grave, tanto que implica pena privativa de la libertad. En la Ciudad de México, el Código Penal contempla todo un título relacionado con este tema, en particular, el artículo 283 precisa una pena de uno a cinco años de prisión cuando un particular desobedezca un mandato judicial o se incumpla una sentencia.
Es de gran importancia para la sociedad que las determinaciones de las autoridades, en particular de los jueces, se cumplan irrestrictamente. No es un mero capricho arbitrario, pues el exceso en el ejercicio de funciones también configura un delito, sino que es un asunto de interés social.
En tanto que sus mandamientos sean atendidos a cabalidad y sean obedecidos aún en contra de la voluntad de los particulares, se materializa el Estado de Derecho y con ello se perfeccionan los mecanismos para alcanzar el bien público. Si se incumplen o desobedecen, el Estado y sus instituciones dejan de tener eficacia y, por tanto, dejan de ser socialmente útiles.
Ciertamente la autoridad requiere de legitimidad para ejercer su función. Cuando se considera que su actuar es indebido, desmedido o hasta ilegal, existen instancias, procedimientos y recursos ex profeso para acreditarlo. Todo ello, dentro de una normalidad jurídica que es característica de los Estados Modernos y que coadyuva a mantener la armonía social.
Cuando las determinaciones de la autoridad, principalmente de las jurisdiccionales, son desobedecidas, se atenta contra la sociedad entera que pugna por la materialización irrestricta del Estado de Derecho; por ello, las instituciones públicas, deben ser exageradamente celosas en velar por que se cumplan los mandamientos judiciales que han quedado firmes. Siempre en pos del bienestar general y por el correcto desarrollo de la vida en sociedad.
@AndresAguileraM.