La corrupción es un mal que aqueja a todas las sociedades del orbe. Ninguna, por más desarrollada, civilizada o transparente que sea, carece de ella. Quizá se presenta con menor frecuencia, pero innegablemente existe. Considero que es la perversión de los valores del ser humano, que lo alejan de su esencia racional, de los valores éticos, de la legalidad y, consecuentemente, de la sociabilidad.
iertamente la base de un combate eficiente a la corrupción es, sin lugar a duda, la educación en valores sociales y la dignificación del ser humano. De este modo es que las sociedades han logrado disminuir considerablemente este mal y han evitado su expansión. La lógica es que mientras más conciencia social exista de lo pernicioso que es el abuso y el sometimiento del poder a las pasiones egoístas, mayor será la consideración para los otros seres humanos y la aceptación de las reglas, normas y leyes. Sin embargo, también es cierto que es un proceso cultural-evolutivo y que alcanzar este objetivo conlleva mucho tiempo.
Sociedades como la nuestra, en la que —desgraciadamente— este mal se ha expandido de forma considerable, no bastan ni la educación en valores ni el ejemplo de líderes y políticos para combatirla con efectividad; se requieren instituciones sólidas que, con autonomía e independencia, sean las encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, al tiempo que se fiscalizan eficazmente la utilización de los recursos públicos, así como el interactuar de los particulares en los asuntos de gobierno.
Con esta finalidad, en el año 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que cobró plena vigencia en 2017. Al menos en teoría, hoy tendría cuatro años de operación; sin embargo, por diversas circunstancias —ya sea politiquería, falta de voluntad, displicencia o apatía— esto no ha podido llevarse a cabo.
Si bien es cierto el SNA dista mucho de ser perfecto, también lo es que, para evaluarlo con eficiencia, requiere operar a plenitud, situación que hoy no se ha concretado. Las funciones y facultades otorgadas a las instituciones que lo conforman se ven mermadas por varias condiciones; ya sea su creación legal y física, o bien la reticencia de los poderes constituidos o fácticos, lo cierto es que no se ha integrado en su totalidad ni —mucho menos— se ha puesto en operación.
Por otro lado, la visión y conducción políticas también han sido un gran obstáculo, pues las ofertas y promesas imperan que sea desde los puestos de determinación política donde se combata a la corrupción, lo que implica hacer de lado a las instituciones del SNA para asumir directamente su rectoría lo que, en esencia, es una transgresión a su objetivo fundamental. Requerimos instituciones fuertes y consolidadas para dejar el combate a la corrupción como una política de Estado y no sólo como una bandera política o labor de un caudillo.
En esa lógica, lamentablemente podemos concluir que mientras el combate a la corrupción sea sólo un recurso retórico, los deseos de justicia expresados en las urnas en 2018 no podrán concretarse, ya que su combate seguirá siendo una herramienta de castigo político y no la mejora de la vida gubernamental en México.
@AndresAguileraM