Al momento de escribir estas líneas escucho la declaración que dio el Canciller Marcelo Ebrard sobre el retiro de los cargos en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda,
ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, por presuntamente cometer delitos de producción y distribución de drogas y lavado de dinero, imputados por la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
Mientras el Canciller hace la narrativa de los hechos, dentro de los terrenos de la diplomacia y la corrección política, me vienen a la mente una serie de preguntas que, difícilmente, podrán ser respondidas por las autoridades de ambas naciones. Al menos no en el corto plazo.
El General regresará a México en libertad pues, como se ha comentado ampliamente, aquí iniciarán investigaciones con base en la información proporcionada por la DEA el 11 de noviembre. Ello confirma lo que el gobierno mexicano ha comentado permanentemente: jamás tuvieron conocimiento oficial que se realizaba una investigación en contra de un alto mando castrense mexicano, lo que es además de una grave falta a las reglas diplomáticas y de seguridad de ambas naciones, permite especular no sólo de su legalidad, sino también de su legitimidad y seriedad.
Lo imprevisto e intempestivo del operativo trae consigo sospechas sobre su finalidad. Por un lado, se especula que fue un golpe mediático para favorecer electoralmente al Presidente Donald Trump; por el otro, que la investigación adoleció de fallas tan graves que, tras una valoración profunda del caso por parte del Departamento de Justicia, concluyeron que difícilmente podrían obtener una sentencia condenatoria. Esta última tiene sustento lógico pues, de conformidad con la información difundida por la prensa, se aprecia sospechosa la forma en la que se llevó a cabo la investigación, ya que la obtención del caudal probatorio está sustentado —de forma considerable— en la intervención de comunicaciones y en la declaración de supuestos “testigos protegidos” que se presumen fueron obtenidas de forma ilegal o —en el mejor de los casos— sin cumplir con los extremos que ordenan tanto las leyes norteamericanas como las mexicanas.
Sin embargo, la hipótesis socialmente más aceptada en nuestro país y que, de alguna manera presume una “conspiración”, es la negociación política provocada por México debido a los riesgos de gobernabilidad y seguridad generados a raíz de la misma detención y por la presión y descontento de las fuerzas armadas nacionales.
Sobre esta última afirmación, puedo decirles que estoy convencido que, por las circunstancias y funciones que el General Cienfuegos vivió y desempeñó durante su trayectoria, tuvo acceso a información sensible tanto nacional como de las agencias norteamericanas en suelo mexicano, por lo que la negociación política era la mejor —si no es que la única— vía para evitar un juicio en el que se dieran a conocer datos que pondrían en riesgo la integridad de personas y el desarrollo de un sinnúmero de operaciones de seguridad e inteligencia que tienen lugar en nuestro país.
Gracias a la negociación política, el Gobierno Mexicano preservó la soberanía nacional y, sustentados en una “Razón de Estado”, logró reencausar y recomponer la relación bilateral con Estados Unidos de la mejor manera. Es, sin duda, un triunfo de lo que “debe ser” la política en general y la internacional en particular: diálogo, entendimiento y beneficio mutuo.
@AndresAguileraM