Veo con mucha preocupación que el combate institucional a la corrupción está siendo desplazado por la diatriba y discursos oficiales, en tanto que el andamiaje institucional se ve —por decir lo menos— abandonado,
sin impulso político y, mucho menos, una revisión y diagnóstico certero respecto a su efectividad y a las acciones para ajustar o mejorarlo, por el contrario, pareciera que la intención es dejarlo en el olvido.
Hace poco más de cinco años, se publicó la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Se promocionó como un hecho histórico en el que, por primera vez, se articulaba un mecanismo interinstitucional cuya función principal seria prevenir, vigilar y sancionar los actos de corrupción en general, tanto de los actores gubernamentales como de los particulares que participen en ella. En su construcción participaron tanto la clase política como la sociedad civil organizada, la academia y, en general, todo aquel que quisiera hacer un aporte en la construcción del Sistema, pues existe un convencimiento generalizado que, en la medida que este mal se abata, se logrará reencausar a los esfuerzos gubernamentales hacia el desarrollo y el bienestar general.
En las discusiones sobre los objetivos del sistema, se enfatizó sobre la prevención que, entre otras tantas acciones, procuraría la mejoría el desempeño gubernamental y que, a su vez, se cercaban ventanas de oportunidad a la comisión de actos de corrupción. Ello traería consigo la revisión constante y permanente de procesos y regulaciones, que optimizaran la administración y ejercicio de recursos del erario. También se conceptualizó un sistema de seguimiento y evaluación tanto de la función pública como la participación de los particulares en la misma, para conocer las deficiencias y mejorarlas. Asimismo, se instauró un sistema de imposición de sanciones diferenciado entre faltas graves y no graves, con tendencia garantista, en el que se evalúa, tanto el desempeño en la función como las pruebas presentadas por las partes, ante una autoridad autónoma e independiente.
Construir todo este andamiaje fue una labor titánica que tuvo como origen el clamor social por abatir el terrible cáncer de la corrupción que, dicho sea de paso, ha sido uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la República desde su fundación hace más de 200 años.
Hoy en día, todos los esfuerzos emprendidos parecieran haber sido sustituidos por una política basada en buenas intenciones y declaraciones reiteradas. Se mantiene una rectoría —indebida, por cierto— desde los ejecutivos, federal y estatales, de los esfuerzos de combate a la corrupción cuando, en esencia, debiera ser una política de Estado, más allá de voluntades o visiones sexenales. De mantener esta tendencia, se haría nugatorio el esfuerzo conjunto por instaurar un mecanismo, transexenal y permanente, de prevención, vigilancia y sanción de los actos de corrupción, lo que implica, lamentablemente, mantenerse en la línea arcaica y decimonónica que, por todos es sabido, demostró su ineficacia y complicidad ante la corrupción rampante que ha caracterizado a la actividad gubernamental.
@AndresAguileraM