La vigilancia y crítica hacia el poder siempre ha sido una de las características de la prensa libre la que, a su vez, es —o debiera ser— piedra fundamental de las democracias. La libertad de expresión es fundamental para vivir en un régimen de libertad y derechos, donde ideas y visiones
puedan ser expresadas aún y cuando sean distintas a las de cúpulas, liderazgos o grupos de poder. Cierto, este derecho, como todos los demás inherentes al ser humano, no es absoluto o una patente de corzo para irrespetar a los demás, lo que obliga a que encuentre una base para ser ejercido, la cual está precisada desde el marco constitucional: el respeto hacia la dignidad del otro.
A partir de esta visión —quizá romántica, quizá idílica— es que las democracias han establecido líneas y normas para salvaguardar este derecho y permitir su ejercicio con la mayor de las libertades, como parte inalienable del ser humano. Sin embargo, una expresión libre —sin tapujos ni ataduras— es una situación que puede resultar incómoda y molesta para quienes detentan y ejercen el poder. Ya sean gobernantes, empresarios o personas con notoriedad y hasta delincuentes organizados, la expresión libre del pensamiento es algo que les desagrada e incomoda, pues abre la puerta a la crítica, señalamientos y denuncias, que exhiben excesos, abusos e ilegalidades en su actuar. Cierto: los abusos en el ejercicio de este derecho, como son la calumnia, el embuste y la difamación, se prevén sanciones de índole penal y civil, además de la pública que implica la pérdida de credibilidad y la desconfianza que, para quienes se dedican a comunicar y difundir, es una sanción severa y extrema.
El Ejecutivo y algunas voces de las instancias legislativas federales, han manifestado la pretensión de regular no sólo el uso las redes sociales sino también su operación, ya que —afirman— son utilizadas de modo anárquico, desordenado e irresponsable lo que, de alguna manera, es una afectación al ejercicio del derecho de libre expresión; mientras que, en el otro extremo, los defensores —a ultranza— de la libertad son categóricos al referir que cualquier pretensión reguladora, por sí mismo es un atentado contra la libertad de expresión.
Estos extremos, irreconciliables por propia naturaleza, se disputan la razón y la verdad absoluta en lo que se prevé será un debate cansado y sin puntos de encuentro. Sin embargo, la realidad es implacable con ellos, pues evidentemente en ambos puntos existen bases sólidas para sus afirmaciones que obligan a ser analizadas, valoradas y atendidas hasta donde se evite afectar el derecho a la libertad de expresión.
Ante este escenario y la abierta posibilidad de concretar una legislación que ordene el uso de las redes sociales, la sospecha de abrirle la puerta al gobierno para censurar y cooptar la libertad de expresión se vuelve latente, pues evidentemente al poder no le gusta ser criticado ni mucho menos censado, auditado o controlado. Empero, también es cierto que hay cuestiones sobre las redes sociales que hay que ponderar, analizar y revisar, para que abierta, objetiva y verazmente se cree un instrumento legislativo socialmente útil y valioso para mejorar la convivencia social.