La judicatura es una de las funciones más trascendentes de cualquier Estado. De su correcto desempeño depende, en mucho, la estabilidad y equilibrio
de las sociedades. Si hay quienes juzguen en derecho y con justicia, habrá condiciones para garantizar la libertad de las personas. Por ello, la función judicial —los jueces— juegan un papel preponderante y su investidura debe imperar no solo autoridad, sino un respeto que emerge, más que del miedo, de la legitimidad que impone la función. No por nada han sido los cargos públicos que más han trascendido a lo largo de las eras del tiempo.
Los jueces son, en esta lógica, parte indispensable en el que se sustentan los cimientos de las sociedades democráticas. Desde las comunidades más primitivas hasta las más modernas, siempre han contado con personajes que resuelven los conflictos entre las personas; dirimen controversias y sancionan a quienes transgreden el orden y la paz de las comunidades. Así, la figura del juzgador es vértice para generar condiciones de gobernabilidad y, sobre todo, equidad jurídica al materializar el ideal de hacer que “todos sean iguales ante la ley”.
Cierto: existen instituciones públicas que suelen ejercer sus funciones con mayor resonancia mediática, ya que implica la ejecución de las políticas públicas, o bien, la discusión de las ideas, propuestas y renovación del marco legislativo que rige a la sociedad. La palabra, el debate y la confrontación política suelen tener un efecto más estridente, en el que se vuelcan micrófonos y reflectores, en tanto que la función judicial es más discreta, pero, a su vez, más contundente.
Aunque suene pretencioso, las determinaciones de los jueces no se discuten, se acatan; sus resoluciones no se negocian, se cumplen habiendo causado estado. Por ello los jueces no debaten ni litigan sus determinaciones en los medios de comunicación, solamente informan lo que han resuelto y la única manera de poderlos combatir es a través de los recursos que la ley dispone para ello. Así, aunque las resoluciones pudieran ser cuestionadas a través del debate, la diatriba y la manipulación mediática, máxime en un ambiente de crispación política, únicamente la verdad jurídica, plasmada en los expedientes que se crean a partir de los juicios que dirigen, cuya determinación se materializa con el dictado de la sentencia y su correspondiente notificación.
En esta lógica, la independencia y autonomía del juzgador resulta ser el elemento central para un ejercicio eficaz de la función. Más allá de serlo de la influencia de alguno de los otros poderes constitucionales, requiere de independencia total con respecto a cualquier tipo de influencia que desequilibre su determinación, ya sea política, económica o social, la judicatura debe situarse siempre en la mesura y el equilibrio, lo que le brinda altura y separación de cualquier interés avieso, ajeno al bienestar público.
Hoy, más que en otros tiempos, las decisiones de los jueces suelen ser cuestionadas desde el púlpito del poder, muchas veces sin pruebas o elementos que la hagan irrealizable, con el afán de sembrar duda del desempeño y actuar de la judicatura, restarle legitimidad para con ello imponer —ante una opinión pública ajena— su perspectiva, punto de vista, y razón, sin considerar que los jueces se legitiman con la calidad y certeza de sus sentencias, algo que ni la arenga política, la diatriba o el discurso estridente jamás podrán sustituir.
Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM