El juicio lapidario de la opinión pública suele tener como recipiendarios a quienes, por lo regular, son señalados por
corruptos o abusivos del poder público. Así, en reiteradas ocasiones, el titular del Ejecutivo Federal ha señalado que el Poder Judicial es corrupto y alejado de la gente. Desde la campaña presidencial de 2018 y durante prácticamente todo su mandato, él ha hecho señalamientos reiterados de corrupción hacia quienes tienen la valiosa función de juzgar, a quienes acusa de corruptos, generalmente, inspirado por acuerdos que suspenden, provisional o definitivamente, sus obras o acciones de gobierno. Las resoluciones judiciales contrarias al actuar del gobierno jamás serán bien recibidas por las autoridades. Sin embargo, el acatarlas también es parte de sus obligaciones. Podrán o no estar de acuerdo con ellas, pero se cumplen. Al final es un mecanismo de pesos y contra pesos que tiene como fin último salvaguardar la legalidad del actuar gubernamental, al tiempo que se garantiza que se aminorarán los excesos en el ejercicio del poder público. También es justo reconocer que, el expresar el desacuerdo, también forma parte de la normalidad democrática y del respeto a la libertad de expresión.
Todo acto de autoridad ya sea ejecutiva, legislativa y judicial, puede ser impugnada ante órganos autónomos e independientes que diriman las controversias suscitadas, ya que la discrepancia y el acceso a los medios judiciales para su revisión y anulación son expeditos y forman también parte de la normalidad democrática.
Ahora bien, el hecho de que estos contrapesos existan no implica necesariamente una confrontación o una lucha de supremacía entre poderes; por el contrario, considero que es un mecanismo de compensación y equilibrio que permiten, por un lado, a la autoridad ejecutiva o legislativa, constreñirse estrictamente al marco constitucional, en tanto que el judicial, lejos de lo que pudiera parecer, es equilibrado, regulado y contenido, por los otros dos. Es, en la más estricta lógica y objetividad, una forma de garantizar el equilibrio y el respeto irrestricto a los derechos humanos de quienes se encuentren en un Estado.
Disentir y decirlo es un derecho humano inalienable e imprescriptible; como tal, la expresión de las ideas no deja de ser simplemente eso: opiniones con las cuales se puede coincidir o estar en desacuerdo, siempre y cuando ello no implique la imposición de una sobre la otra. Del mismo modo, los poderes constituidos y las instituciones del Estado sirven para garantizar el ejercicio libre de los derechos, para que el poder público encuentre limitantes y puntos de control que impidan abusos e imposiciones arbitrarias.
Mientras existan poderes autónomos e independientes; sin sumisiones ni sobreposiciones, habrá una complementación armónica y virtuosa, en la que el régimen constitucional será el marco en el que podrá garantizarse la vida y la libertad de las personas, lo que no implica que se cierre la posibilidad de la coordinación entre ellos, precisamente para salvaguardar la vida e integridad de las personas.
Si este equilibrio llega a romperse, el abuso y el autoritarismo harán su aparición porque, independientemente de las intenciones de quienes dirijan las instituciones, su visión y deseo será omnímodo, abriendo peligrosamente paso a la tiranía que mucho daño le ha hecho a la humanidad.
Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM