El comunicado conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México, luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador
a Washington, evidenció que la detención de Rafael Caro Quintero el pasado viernes 15 de julio fue uno de los acuerdos entre los dos países: “Nos comprometimos a establecer un grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México, para interrumpir el flujo de fentanilo hacia nuestros países”, cita el texto.
Sobre esta captura, mucho se ha hablado de lo que simboliza para EU extraditar al narcotraficante más buscado por la DEA, pues se le atribuye la tortura y asesinato de Enrique Camarena, uno de sus agentes encubiertos, además del papel del entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, como me comentó en entrevista David Saucedo, analista y consultor en materia de seguridad, el cártel de Caborca, encabezado por el prófugo Caro Quintero, representaba un problema en el llamado triángulo dorado por la distribución y venta de fentanilo.
En apariencia, tres ganadores se vislumbran con esta detención: el presidente Biden, previo a las elecciones intermedias de EU, el presidente Obrador por los señalamientos e indicios de complicidad con grupos de la delincuencia organizada que le urge despejar, pero especialmente el cártel favorito del presidente encabezado por los hijos del Chapo Guzmán. Todo dependerá de cómo y cuándo se resuelva el freno que le puso el juez del juzgado séptimo de distrito con sede en Puente Grande Jalisco, a la extradición del capo, muchas dudas quedan sobre los motivos, pero lo cierto es que la Fiscalía General de la República no es necesariamente una instancia para procurar justicia, sino para atender los asuntos personales y por encargo del Fiscal que no es ni autónomo, ni eficiente.
En este escenario, los datos otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el día de ayer 20 de julio de 2022, más allá de esta captura, nos muestran la falta de estrategia del gobierno federal en materia de seguridad pública. México vive el sexenio más violento de su historia reciente y el presidente López Obrador se niega no únicamente a reconocer esta realidad, sino a cumplir su juramento constitucional.
En cambio, sus emisarios en todos los espacios que les es posible siguen con la narrativa de que “todo es culpa de Calderón”, como si negar su responsabilidad eliminara el dolor de las familias enlutadas. El ejemplo más patético de quien es monotemático cada miércoles con Ciro Gómez Leyva es el cineasta e impulsor de las narcoseries que le han dejado ganancias millonarias, Epigmenio Ibarra, por cierto con el patrocinio de 150 millones de pesos de los impuestos de los mexicanos por parte del gobierno de Morena.
Como hasta ahora ha sido, no ha otorgado ningún dato que demuestre que la aparente estrategia contra el crimen funciona o funcionará: Dice que ahora se combaten las causas -refiriéndose a la pobreza- pero con López Obrador aumentó el número de personas más en pobreza, al menos en 5 millones. Dice -como también lo asegura su jefe- que “no se combate la violencia con más violencia”, como si aplicar la ley fuera un delito.
No, regalar dinero no es combatir las causas, es mantener una base electoral que le permita al partido del presidente ganar elecciones. Ni el presidente, ni sus seguidores conocen y menos comprenden la pobreza, no solamente porque no la viven, ni la han vivido. El presidente como opositor al régimen vivió durante muchos años de la extorsión y el chantaje, dinero no le faltó, aunque le llame “aportaciones”; la mayor parte de los gobernadores de Morena, han formado parte de la clase política dominante del país, son hijos, nietas, parientes de exgobernadores del PRI, esos que llama “la mafia del poder”.
Reitero, no comprenden la pobreza porque no la conocen, la usan… que no es lo mismo. Y tampoco les interesa combatirla, como tampoco les interesa mejorar este país.
Ante este escenario, solo nos resta comprender la urgente necesidad de construir una alternativa para resolver los problemas de México, sin miedo y sin regateos, deben tomarse decisiones sobre la construcción de un mejor proyecto de nación, que no pueden proponer aquellos que han sido evidenciados en sus patéticas formas también de hacer política. No, no se trata de cambiar de victimario, tampoco de buscar una puerta falsa. Queremos un país mejor y lo podemos lograr si se entiende que se requiere de todos para cambiar el rostro electoral en el 2024.
Adriana Dávila Fernández
Política y Activista