Este gobierno ha demostrado que los 30 millones de votos, obtenidos en el lejano mes de julio de 2018, no fueron suficientes para “confiar”
en sus gobernados. Los altos funcionarios solo reflejan lo que ha sido la política del gobierno federal: desconfianza en todas las personas que no aplaudan y alaben al patriarca mayor.
De ese tiempo a la fecha llevan diciendo que son diferentes y han demostrado que ni siquiera entienden el más elemental reclamo de los habitantes, que no es otro que asuman y cumplan con su responsabilidad, esa que aceptaron y juraron guardar acorde a la Constitución. Todo ha acabado en un juramento moralmente fallido replicado en casi la totalidad de las áreas.
No hay semana en que no se presenten acontecimientos que reflejan lo caótico que ha sido este gobierno. Entre el “agradecimiento” que da una madre y esposa a líderes de cárteles por permitirle buscar en sus territorios a su esposo desaparecido y el “yo no confío en usted” que le dice Adán Augusto, secretario de Gobernación, a una madre desesperada que declara no confiar en nadie -a consecuencia de la falta de respuesta de la autoridad-, después de mucho tiempo de búsqueda de su familiar, se hacen evidentes dos cuestiones: determinar quién o quiénes dominan al país y corroborar la falta de una política pública para las familias de desaparecidos que ya llevan mucho tiempo buscándolos.
Ahora resulta que después de cuatro años, la autoridad no confía en sus gobernados -en este caso una madre que busca a su hija desaparecida-, a pesar de haber utilizado el tema como estandarte para criticar y destruir a sus adversarios, con lo cual se demuestra que nunca han importado, al presidente ni a su séquito de incondicionales, ni las víctimas ni sus familiares.
A este gobierno no le vendría nada mal mostrar un poco de empatía y comprensión a lo que viven miles de familias de las víctimas. Un servidor público debe ser sensible al dolor que embarga a los mexicanos y tener disposición para escuchar inquietudes y reclamos de las personas afectadas por la comisión de delitos.
Fue en junio de 2011 cuando el presidente Calderón se reunió, en el Castillo de Chapultepec, con familiares que exigían saber el destino de sus parientes desaparecidos, levantados o asesinados. Reunión intensa y con mucho simbolismo sobre el papel de las autoridades para con los familiares afectados.
Tiempo después, en noviembre de 2017, se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que se construyó con la suma de esfuerzos de colectivos sociales y de actores políticos de las más diversas ideologías. Desde la pluralidad, con discusiones y resistencias de todo tipo, la Ley -instrumento necesario para aliviar el dolor ajeno- fue producto de esfuerzos conjuntos para exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones en este rubro, pues mucho se debía a las madres que por años han buscado a sus familiares desaparecidos.
Sin duda alguna, los resultados que ha dado este gobierno han demostrado que los millones de votos que le fueron otorgados han sido el mayor desperdicio. No podemos culpar a quienes confiaron en este proyecto, porque ellos, desde sus espacios, claman justicia y esperan que las autoridades encargadas cumplan con su deber.
En el centro de la discusión hay un pleito para dilucidar quién se equivoca más en lugar de medir y evaluar los resultados de una política pública para atender legítimas demandas sociales. No. Aquí se trata de justificar la falta de acciones y resultados con un pleito estéril con “el pasado neoliberal”. Resulta increíble, pero en su afán protagónico, pretenden narrar su propia historia y con desdén omiten la realidad: llevan escritos cuatro años de promesas, sin dar buenas cuentas en lo elemental. Hoy por hoy, la población vive con miedo, mucho miedo; no hay mejora en nada, sólo dolor.
Hoy se tiene un gobierno de “habladas” que no confía en los gobernados, por eso los divide (los que están conmigo y los que están en contra mía y de mi proyecto) y los enfrenta; que busca el espectáculo barato -con el uso de los instrumentos del poder- para cambiar el rumbo de la discusión y así no entrar a lo importante y urgente que preocupa a la gran mayoría de mexicanos; que reparte el dinero público, pero evade ser transparente y evita rendir cuentas sobre la falta de medicamentos, de estancias infantiles o las graves deficiencias en los servicios públicos. Un gobierno alejado de los resultados de bien común y decidido a establecer la dictadura de lucro social sin asumir ninguna responsabilidad.
La lucha que emprendieron durante tanto tiempo de nada ha servido. No es con clientelas electorales como se trabaja por el bien de la Patria. Anteponer los intereses de la Nación a los egos y rencores debe ser la prioridad de cualquier gobierno, sin importar la bandera que levante. Debe pesar más el respeto a la dignidad humana que el culto a la personalidad propia.
Adriana Dávila Fernández
Política y Activista
@AdrianaDavilaF