Resulta por demás lamentable e indignante, la suma de eventos que tuvieron que sucederse, para que al día de hoy pudiera develarse al fin la cloaca que suponía el gobierno del estado de Guerrero. Por sí misma, la entidad federativa era ya lacerada por el azote de la desigualdad y la pobreza desde hace décadas. Sin embargo, una descomposición de estas proporciones no
se había vislumbrado antes, o al menos no se había revelado de la manera en que a este día la desaparición de 43 estudiantes ha evidenciado al mundo mismo, la irresponsabilidad, pasividad y probablemente la confabulación del gobierno estatal guerrerense con el crimen organizado.
La historia se va mostrando de a poco, lo cierto a este momento es que hace casi cuarenta días, que la “ maldad” se apodero de los responsables de salvaguardar la seguridad del ciudadano mexicano y fueron los mismos policías municipales de Iguala, Guerrero, actuando como brazo operativo y armado del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, (célula emancipada del cártel de los Beltrán Leyva) quienes siguiendo órdenes del mismo presidente municipal José Luis Abarca, contribuyeron participando en la desaparición de los estudiantes.
Y entonces surge la pregunta: ¿A caso no estaba al tanto el gobierno estatal de lo que estaba pasando en uno de sus municipios más importantes? ¿No tenía noticia el gobernador de la infiltración inconmensurada del crimen organizado en su entidad? Resulta poco creíble hacerse a la idea de que así pudo haber sido.
Por otro lado, una vez capturado Sidronio Casarrubias, líder de la organización criminal en comento, declaró ante la PGR haber financiado, a través de su grupo, la campaña del entonces candidato a la gubernatura Ángel Aguirre, no sin dejar de mencionar que José Luis Abarca aportaba a su organización la cantidad mensual de 4 millones de pesos, con lo que le pone un punto más de negatividad al desangelado ÁNGEL AGUIRRE.
Y aun dejando sin fundamento o credibilidad la declaración de un criminal como Casarrubias, queda muy claro que Ángel Aguirre fue advertido no una, sino dos veces con el propósito de mantener cercado a José Luis Abarca y no permitir que escapara (como al final lo hizo), por el mismo secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien tanto el 29 como el 30 de septiembre pasado pidió al hoy gobernador con licencia, tuviera los cuidados necesarios para mantener a José Luis Abarca bajo la mira. Luego entonces: ¿Dónde estaba Ángel Aguirre? ¿En la omisión? ¿O en la complicidad?
Terminaré diciendo que la situación jurídica de Ángel Aguirre es particular. Al momento, los únicos beneficiados inmediatamente con su salida del cargo, bien podrían ser los perredistas, a quienes se les vincula muy de cerca con los autores de esta atrocidad, la salida de Aguirre les permite de alguna forma lavarse las manos a los del Sol Azteca, pero la licencia que pidió, solamente es válida por seis meses. Al menos así lo marca la Constitución del estado de Guerrero en su artículo 84 fracción IV, cuando menciona: que no se concederá licencia al gobernador con carácter de indefinida, ni tampoco por un tiempo mayor de seis meses. Luego entonces, ¿se habrá de ausentar de manera definitiva o vislumbrará acaso la posibilidad de regresar? Lo único certero a este momento es que Aguirre ha recibido un mensaje claro. Fue avisado con tiempo, para evitar una conducta que al final se llevó a cabo. Las consecuencias son de esperarse.