Como seres humanos los juzgadores no están exentos de cometer errores y en ningún caso sería en demérito de ellos
si los corrigen, porque no son perfectos y mucho menos dioses.
Hay testimonios de que en 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo violó el artículo 19 de la Constitución, por no resolver la situación jurídica de un detenido en las 72 horas que señala la ley. La Recomendación de la CNDH 27/2013 describe lo sucedido. El indiciado presentó queja y resulta que el juez fue liberado de cualquier responsabilidad en un resolutivo firmado por el ministro Luis María Aguilar, quien entonces presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Lo peor del asunto es que en la prolongación indebida del plazo de las 72 horas, el afectado fue torturado.
En diciembre de 2022, la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito de la Ciudad de México, emitió acuerdo ilegal para dar por cerrado proceso penal, cuando todavía estaba pendiente de resolverse en la Corte recurso de revisión. Ella misma tuvo que rectificar.
El magistrado Jorge Fermín Rivera, en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal de primer circuito de la CDMX, reabrió expediente que ya estaba cerrado, sin respetar el principio de definitividad ni el criterio que el mismo tribunal había establecido en la materia. El asunto está siendo revisado por la Primera Sala de la Corte.
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