Si de algo podemos estar seguros los mexicanos, es que desde el poder se cometen muchos delitos y crímenes inexplicables. Pero también hay que señalar que esta condición no es exclusiva de un solo país, porque en todo lados y en todas las latitudes del planeta hay políticos o gobernantes que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus habitantes. Y no es que intente yo denostar a algún gobierno en particular, simplemente estoy seguro que quienes los encabezan llegan a tal grado de inestabilidad emocional o psíquica, que terminan confundiendo la difusa línea que existe entre la realidad y la fantasía.
Pero también existen otros que por su talante piensan que pueden hacer lo que les venga en gana cada vez que se les ocurra simplemente porque ellos son los que mandan y pueden disponer de las vidas y bienes de sus gobernados. El mejor ejemplo de esto que afirmó, ocurrió en El norte del país. Sin lugar a dudas el señor Guillermo Padrés ha venido encabezando un gobierno con tintes delincuenciales el el Estado de Sonora. Claro está que al "respetable" gobernador le importa un bledo lo que se diga en los medios de comunicación acerca de su sistemática forma de violar la ley. Lo más grave es que cuenta con una pandilla de facinerosos que le han ayudado a conformar un "cartel" que desde las estructuras mismas del gobierno siguen al pie de la letra sus indicaciones.
Para robarles el agua a la que desde tiempos ancestrales han tenido derecho los miembros de la Tribu Yaqui, el señor Padrés construyó un acuaférico con el que hacen jugosos negocios los empresarios favorecidos con esta medida injusta, porque antes que cubrir los aprovechamientos a los pueblos originarios, los esta matando de sed convirtiendo la causa en un floreciente negocio. Mario Luna Romero, representante Yaqui, lleva casi un año privado de su libertad. Estados Unidos alertó desde marzo pasado a las autoridades mexicanas sobe una red de tráfico de infantes que operaba en Sonora, pero la Procuraduría del Estado ignoró la advertencia hasta que los medios de comunicación lo abordaron y provocaron un escándalo. Alberto Navarro Sugich, titular de la dependencia, se vio obligado a intervenir y a consignar a dos de los responsables de la venta de infantes hasta en 150 mil pesos.
Lo grave de todo esto es que el Procurador Sugich anunció que no habrá sanción contra los "padres adoptivos" porque "hasta ahora han venido tratando bien a los niños". Desconozco si el Procurador haya estudiado leyes, pero cualquiera que tenga dos dedos de inteligencia sabe que este es un caso de trata de personas que implica la compra venta de personas y es un delito equiparable al secuestro. Guillermo Padres encabeza un gobierno delincuencial, y la única esperanza que tienen los sonorense a es que pague sus delitos una vez que arribe al gobierno Claudia Pavlovich. Para decirlo claro y rotundo: lo que esperamos todos es que lo metan a la cárcel. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.