Este país tiene muchos años convertido en un cementerio. Los criminales iniciaron una etapa en la que la impunidad se ha impuesto a causa de la carencia de resultados entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, lo que evidenció la forma en que nuestros gobernantes colocaron sus prioridades en otros rubros, con lo que la criminalidad comenzó a realizar sus acciones contra los ciudadanos abandonados por las instancias que debieran protegerlos. No es fácil afirmar lo anterior, pero es lo que a pesar nuestro ocurrió hace muchos años y que ahora lamentamos, aunque también exigimos a quienes tienen que resolverlo, quienes por cierto no son los mismos que lo iniciaron.
El problema es que la criminalidad se nos incrustó también en las instancias gubernamentales, y pese a que desde dentro socavaron el orden social nunca nos preocupamos por hacer algo, por el contrario, les otorgamos impunidad y dejamos a nuestra sociedad en el más completo de los abandonos. Sin lugar a dudas los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hace tiempo que se convirtieron en delincuentes con un alto grado de peligrosidad. Sus desplantes en las marchas destruyendo todo a su paso ha sido la marca de la casa, y el temor de las autoridades, hasta ahora, su mejor aliado. El Presidente Enrique Peña Nieto decidió enfrentarlos y no tiene otro camino que terminar la empresa porque de lo contrario el fracaso está a la vuelta de la esquina.
Ha sido tanto el odio que sienten por el orden establecido, porque así es la escuela que sus principales líderes formaron, y la base de su éxito, que siguen pensando que podrán doblegar al Estado Mexicano. En Chiapas, ayer acudieron al hotel donde se hospeda la Policía Federal Preventiva, y armados con palos, tubos y resorteras con canicas, destruyeron las unidades en que son transportados los elementos, llevándose el equipo antimotín. Lo peor del caso es que secuestraron a uno de ellos, a quien golpearon de forma salvaje y después lo mantuvieron como rehén en el plantón de la plaza central, con la consabida tortura psicológica a cargo de los miembros más agresivos del grupo. Pese a ello, seis de cada diez maestros presentaron la evaluación docente y están en espera de los resultados.
Me parece que el Gobierno Federal tiene que dar una muestra de que la ley está de su lado e imponer el orden de una vez por todas, y que los maestros que han mostrado y demostrado su vocación delincuencial asuman las consecuencias de sus actos. México no puede seguir inmerso en el caos y el desorden que durante tantos años ejercieron de forma impune los integrantes de la CNTE. No puede haber regreso ni negociación. Quien viole la ley que pague las consecuencias. Lo mismo si son maestros en Chiapas, o alumnos de las escuelas normales rurales de Guerrero, Michoacán, o de cualquier parte del país. El estado de derecho sigue siendo la única condición válida ante los embates de la delincuencia. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.