¿Aspiraciones legales y legítimas?

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El ejercicio político entraña muchas cosas, y entre ellas las aspiraciones de alcanzar espacios superiores en la tarea de gobernar. Un presidente municipal siempre tendrá la aspiración de ser diputado federal, o gobernador si el municipio es grande. Lo mismo los diputados aspirarán a una senaduría y de ahí a la gubernatura. Para cualquier gobernador,

o Secretario de Estado, es normal plantearse la aspiración de alcanzar la candidatura a la Presidencia de la República. Así funciona el escalafón aspiracional de los políticos mexicanos, el problema es que pareciera que la probidad es algo que no suele presentarse con relativa frecuencia ente nuestros conspicuos políticos, por el contrario, cometer actos ilegales e impropios desde el ejercicio del poder con tal de alcanzar el poder, es una máxima de estos tiempos.

Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, ha puesto la mira en la candidatura presidencial del 2018. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero también tendrá que definir con cuál partido contendería, o caminar hacia la construcción de una alianza como la que le permitió llegar a la gubernatura de Puebla. No será fácil, pero tampoco es un asunto imposible. Hay un adagio popular que dice "no hagas cosas buenas que parezcan malas", y bien haría el señor Moreno Valle en aclarar si efectivamente comprometió por los siguientes cincuenta años los recursos provenientes de los impuestos sobre nóminas, y que serán administrados, sin rendir cuentas, por una empresa propiedad de Pedro Aspe, ex funcionario salinista que ha construido un imperio económico al amparo del poder.

Pero así como los funcionarios realizan actos tendientes al aseguramiento del futuro aspiracional político, y también del económico, la sociedad civil organizada ha presentado una propuesta de iniciativa ciudadana de ley para obligar a los servidores públicos a hacer del conocimiento de todos su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, para paliar la acelerada corrupción que se presenta en las estructuras gubernamentales. Entre las razones planteadas está el hartazgo de los mexicanos por los altos niveles de corrupcion, lo que parece importarles muy poco cuando existen proyectos para asegurar su crecimiento político y económico. Para decirlo de otra manera, el cinismo es brutal y la forma de encubrir los negocios al amparo del poder cada día son más refinadas.

Eso es lo que tiene que explicar Moreno Valle, como también lo debieran hacer Cesar Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, o Roberto Borge de Quintana Roo, quienes han provocado un brutal endeudamiento en sus administraciones que ponen en riesgo la viabilidad de las administraciones venideras que tendrán que recaudar para pagar lo que ellos no gastaron. Los políticos no resolverán este tipo de problemas porque no les interesa. La solución tendrá que venir de los ciudadanos. Mientras el soborno, el peculado o desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilegal, no sean considerados como delitos graves, las cosas seguirán igual. Cuando los primeros políticos y empresarios corruptos caigan en la cárcel, las cosas van a cambiar. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.