En este país cada quien adquiere la especialidad que le venga en gana. Y no es que este en contra de la formación profesional de los mexicanos, simplemente es que últimamente hay quienes aprovechando la circunstancia se han dedicado a otro tipo de especialidad: medrar desde la esfera pública y hacer que aquello que antaño se consideraba ilegal o ilegítimo, ahora sea provechoso para asegurar el presente y el futuro, sobre todo de aquellos desvalido a familiares a los que hay que proteger desde ahora previniendo que les puedo era ir mal. El cinismo ha sido brutal, y el resultado bastante lesivo para quienes con nuestros impuestos pagamos las decisiones de esa caterva de funcionarios cuasi delincuenciales en que se nos han convertido los honorables miembros del Poder Judicial.
Pareciera que no somos capaces de hacer que la honorabilidad y honestidad prevalezca entre aquellos que se dedican a la función pública. Y eso quiere decir que debemos abarcar a todos los que de una u otra forma reciben una remuneración con dinero público. Los tabuladores que antaño regían la asignación de sueldos y prestaciones han sido rebasados por la codicia de los funcionarios. Observar que la independencia del Poder Judicial solamente ha servido para la autorización de estratosféricos salarios de más de medio millón de pesos mensuales de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy grave. Pero si analizamos la forma en que ahora algunos miembros de dicho poder se asignan salarios hereditarios desde los quince años de servicio, es que ya perdimos la proporción de las cosas.
Cuando una juzgadora como la Décima Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México hace una reclasificación de los delitos imputados a Jorge Emilio Esquivel Muñoz, mejor conocido como "El Yorch", uno de los más importantes distribuidores de drogas en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que algo no está funcionando bien. Tiene un pie fuera del reclusorio. La delincuencia organizada encontró la puerta de entrada al mundo del juego a través de los amparos que varios Jueces de Distrito entregaron a miembros del crimen organizado, a lo que hay que sumar la indecencia del "Compadre Presidencial", Guillermo Anaya, que durante el calderonato controlaba las actividades de los casinos en el norte del país.
Los controles de confianza han sido el principal instrumento gubernamental para la contratación, permanencia o baja de agentes de las corporaciones de Seguridad Pública y de diversos funcionarios del Gobierno Federal. Me parece que después de los hechos descritos en líneas anteriores, tenemos que profundizar en dichos controles y ampliar su campo de aplicación. Aunque no se quiera aceptar, un número importante de juzgadores han traspasado los límites de la honestidad y se han convertido en un problema para el país. No podemos esperar a que la decrépita y senecta pléyade de Ministros siga permitiendo el derrumbe de nuestros sistema judicial. Es la hora en que se deben imponer controles de confianza a los juzgadores. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.