Uno de los casos más explotados mediáticamente para demeritar los logros alcanzados durante el mandato de Enrique Peña Nieto ha sido el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para decirlo de otra forma, ha sido un filón para las izquierdas radicales del país, y han apostado a ello desde el inicio. No se puede entender el caso sin antes señalar la persistencia de los estudiantes por la comisión de actos fuera de la ley manipulados por las organizaciones radicales que se albergan en los muros de la normal rural. No se puede entender Ayotzinapa sin los nexos de muchas organizaciones sociales “pantalla” con el crimen organizado de la zona, donde oponerse significa la muerte.
Se van del país los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no sin antes dar a conocer sus conclusiones. Pareciera que el verdadero mandato que tuvieron fue antagonizar al Estado Mexicano y destruir la “"Verdad Historica” que diera a conocer Jesús Murillo Karam cuando fungió como Procurador General de la Republica. Al menos eso fue lo que hicieron durante un año, y lo peor de todo, pagados por nosotros mismos.
Traer al presunto “grupo de expertos” fue una forma de satisfacer a quienes clamaban que lo que en realidad sucedió la fatídica noche de Iguala fue un crimen de Estado, y que habían participado elementos del Ejercito Mexicano. Lo único real es que el gobierno de Guerrero lo detentaba Ángel Aguirre Rivero, del Partido de la Revolución Democrática, y el de Iguala José Luis Abarca, del mismo partido.
Hoy sabemos que “"Guerreros Unidos” mantiene vínculos con “Tlachinollan”, esa presunta organización de derechos humanos que opera en la zona de La Montaña de Guerrero, y que a decir de algunos es una estratagema para controlar la siembra de amapola en la Region, utilizando a los indígenas como peones y pagándoles salarios de miseria porque al fin y al cabo están acostumbrados a eso.
Desde luego que el montaje ha funcionado durante muchos años, y seguirá siendo útil a los narcotraficantes hasta en tanto se aplique la ley. El discurso del “crimen de Estado” fue una buena estrategia para encubrir la verdad de lo ocurrido, pero sobre todo una forma efectiva de caminar en sentido contrario a la exigencia del esclarecimiento de los hechos. Ayotzinapa es un brutal crimen que por fuerza se tiene que seguir investigando hasta encontrar a los responsables y hacer que paguen por ello.
Si de algo podemos estar seguros es de la participación de las autoridades de Guerrero, estatales y locales, en donde se tiene que incluir a Ángel Aguirre, quien no ha sido siquiera molestado con el pétalo de una declaración. Cuarenta millones de pesos costo a los mexicanos la estadía de los presuntos expertos que nos vinieron a decir lo que ya sabíamos, pero también a politizar el caso confrontando a las autoridades y pretendiendo inducir irresponsablemente a la opinión pública a la sospecha de la participación del Ejército Mexicano. Que bueno que ya se van. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.