Cualquiera que sea la definición del bien común como la finalidad inmediata del acto de gobierno pasa por la felicidad de los pueblos. Ésa ha sido la condición de quienes desde la antigüedad han disertado acerca del tema gubernamental. Pero nuestra realidad refleja una condición distinta porque los desastres ocasionados por las malas administraciones han provocado un
efecto contrario: pobreza, desigualdad, corrupción y mendicidad. En la actualidad los factores que los mexicanos asocian con la felicidad son, entre otros: familia, amor, alegría, salud, tranquilidad, bienestar, satisfacción, vida y dinero. Así lo señala el estudio realizado por la asociación “Imagina” y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que encuestó a más de 26 mil mexicanos en 100 municipios del país para saber el grado de satisfacción que han alcanzado con la salud, su tiempo libre, su seguridad y su entorno.
La finalidad del estudio fue presentar la primera medición de felicidad para 100 municipios, lo que permitirá brindar información valiosa a los gobiernos, investigadores y líderes de opinión, para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que permitan mejorar el bienestar de los mexicanos. El problema radica en que nuestros legisladores se afanan en hacer leyes por encargo, es decir, para el momento político o porque tratan de evitar en los demás lo que ellos en su momento asumieron como norma: La discrecionalidad. Ahora decidieron legislar para evitar el endeudamiento, pero pareciera que más bien ha sido una legislación por encargo, porque no señalaron nada acerca de la forma en que Marcelo Ebrard hizo negocios en la Ciudad de México empeñando el usufructo del mobiliario urbano por los siguientes cuarenta años.
Coahuila, Nuevo León y Tabasco son emblemáticos en cuanto a la deuda contratada de forma irresponsable, pero la nota la dio el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien sabedor de lo que pasaría en el Congreso Federal hizo que los diputados del congreso local aprobaran un monto de endeudamiento por más de cuatro mil millones de pesos. Lo positivo de esta legislación radica en que en lo sucesivo se evitará la discrecionalidad de los gobernantes locales para la contratación de empréstitos onerosos con empresas elegidas por ellos mismos, pues ahora tendrán que pasar por la revisión de los diputados federales y las ofertas del mercado.
Gobernar y hacer obras suntuosas empeñando el futuro de los mexicanos no ha sido ético y ha propiciado brutales actos de corrupción. Pero mientras no exista una legislación adecuada para hacer obligatorio el diseño de políticas públicas, será un problema de nunca acabar ya que nuestros políticos antes que pensar en cumplir la ley tratan de evitar sus efectos. La naturaleza de esos “reyezuelos tercermundistas” siempre será la búsqueda de recovecos legaloides para mantener la discrecionalidad por encima de todo. Para tener mejores políticos es necesario el empoderamiento de los ciudadanos, y la sociedad civil tiene que seguir empujando en ese sentido si queremos alcanzar esa premisa que es “la felicidad de los pueblos”. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.