Cuando Santa Anna decreta el centralismo como forma de gobierno en 1836, Esteban Austin encontró el pretexto que buscaba para promover la insurrección en Texas. En los siguientes años perderíamos la mitad de nuestro territorio, con el que se formarían siete estados más de la Unión Americana.
Cuando echaron a Santa Anna ya era tarde y solamente se tuvo la capacidad de reinstaurar el Federalismo con estados libres y soberanos en su régimen interior, y una representación senatorial que respondiera equitativamente a los intereses de los estados en la tribuna más alta del país. El espíritu de Santa Anna ronda nuevamente los entretelones de la política mexicana. La tentación del centralismo vuelve a presentarse con el pretexto de que los gobernadores violentan los principios de la democracia al manipular a los Consejos Estatales encargados de la realización de las elecciones locales.
Al menos esa ha sido la justificación de la propuesta del Partido Acción Nacional en la mesa del Pacto Por México, con lo que se busca condicionar la Reforma Energética a la estructuración de una presunta reforma política que vaya en ese sentido. Los institutos tribunales estatales electorales se debaten entre su permanencia y desaparición al enfrentar una severa crisis de credibilidad ante la sospecha de que han sido cooptados por los gobernadores, tener deficiencias en su funcionamiento y representar un alto costo al erario. La iniciativa blanquiazul plantea la desaparición de los 32 institutos estatales electorales y 32 tribunales o salas electorales que operan en el país para organizar elecciones locales y resolver los conflictos poselectorales. El pretexto ha sido incluso cuantificado, pues los institutos electorales del país alcanzan un gasto superior a los 7 mil 500 millones de pesos por año, incluyendo altos salarios de consejeros pero sin contar los altos salarios que se pagan a los magistrados.
Ante la presunta intromisión de los gobernantes estatales afectando la imparcialidad y autonomía de los órganos electorales, habrá que decir que ha habido alternancia en 23 estados de la República y en 105 ayuntamientos, mientras que en 18 legislaturas ha habido cambios en las mayorías relativas. Pareciera que con todo y que 17 congresos estatales han emitido opiniones en sentido contrario a la propuesta, que al ser una reforma constitucional requeriría de la mayoría de ellos, el empecinamiento de los panistas los ha llevado a la disparatada propuesta de centralizar los nombramientos de consejeros y magistrados, lo que significaría una brutal agresión a ese federalismo que tantas vidas costó y del que tanto nos hemos vanagloriado.
Me parece que el experimento de abrir la representación proporcional y la primera minoría en el Senado de la República para abrir espacios a otras fuerzas políticas, aparte de alterar la esencia de la democracia ha sido un tremendo fracaso porque quienes resultan favorecidos nada aportan a la defensa de los intereses de los estados, además de que rompió con los equilibrios de la representación de las entidades federativas en la tribuna más alta del país. Si el PRD y el PRI ceden a las exigencias de los blanquiazules, al paso del tiempo habremos de lamentar haberlo permitido, porque será el comienzo de la escalada centralista que tanto daño nos causó en el pasado. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.