Parece que las cosas se están poniendo al límite en muchos campos de lo público y lo privado. Ayer el Presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que no se dará marcha atrás a la reforma al Código Fiscal de la Federación que permite la publicación de los contribuyentes que no han cumplido con el
pago de sus impuestos. Muchos especialistas señalan que esta disposición es similar a la que tanto criticaron los tricolores de los panistas cuando se presentaba a los medios de comunicación a los presuntos delincuentes, sin antes haberles permitido ser declarados culpables o inocentes por un juzgador. Para decirlo de otra forma, a esos contribuyentes se les está imponiendo de antemano la pena de infamia que prohíbe la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley no está del lado de los ciudadanos.
En Michoacán los pobladores han venido insistiendo en que las guardias comunitarias desaparezcan y se refuerce la vigilancia mediante el incremento de elementos del Ejército Mexicano. Hasta donde entiendo las leyes permiten la posesión de armas a cualquier mexicano siempre y cuando no sean de uso exclusivo del Ejército Mexicano y la Armada de México, lo que quiere decir que solamente podemos utilizar los calibres menores. Pero da la casualidad de que los elementos que integran esas fuerzas ciudadanas que lidera Manuel Mireles, quien para algunos es un luchador social, y para otros es cómplice de uno de los cárteles que se disputan el territorio michoacano, utilizan armas de grueso calibre de forma impune. Lo que podemos observar es que definitivamente la ley no está del lado de los ciudadanos.
Sea como sea las guardias comunitarias en diversas partes del país utilizan armas que rebasan los calibres permitidos para los civiles, y aunque se diga que son autodefensas y que combaten a los criminales, la realidad es que muchas de ellas mantienen ligas con los propios criminales y con grupos que operan en la clandestinidad. Manuel Mondragón y Kalb, el Comisionado Nacional de Seguridad, señaló que el señor Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, fue quien solicitó el apoyo del Gobierno Federal para que le otorgaran protección durante su convalecencia por las lesiones que sufrió en el accidente de aviación cuando regresaba de Guadalajara, a donde viajó quien sabe a qué, aunque muchos señalan que a recibir fondos para seguir haciendo la guerra al Cartel de los Caballeros Templarios. La ley no está del lado de los ciudadanos.
Ante la nota publicada por el periódico Milenio dando elementos acerca de las complicidades de las guardias comunitarias con grupos que llevan tiempo manteniéndose en el clandestinaje, el mismo Manuel Mondragón y Kalb salió a decir a los medios de comunicación que el Gobierno Federal sabe dónde está cada grupo y lo que hace, por lo que solamente nos quedaría preguntarle: ¿Y qué están haciendo para desarticular a los grupos guerrilleros? ¿Los miembros del EPR son solamente los secuestradores de los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani? Y los que siguen exigiendo la libertad de esos presuntos guerrilleros metidos a secuestradores y que se dicen maestros y cometen delitos todos los días ¿por qué no han sido molestados? Definitivamente la ley no está del lado de los ciudadanos. Al Tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.