Cuando el Gobierno Federal valoró la posibilidad de que los miembros de las autodefensas pasaran a formar parte de las fuerzas policiales de Michoacán, seguramente lo consultó con ingenieros o con algunos de los contadores públicos más conspicuos del régimen. La decisión que tomaron de ninguna forma pudo haber sido avalada por un profesional del derecho, o por algunos de los estudiosos de la ciencia jurídica porque eso significa una brutal aberración y una
flagrante violación al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligatoriedad del Estado de brindar seguridad pública a los ciudadanos. Lo que se valoró no fue la vigencia del estado de derecho, porque ese fue roto hace muchos años en la mayor parte del país cuando la criminalidad entró a dirigir los cuerpos policiales de gran parte de los Estados de la Federación.
Para decirlo más claramente, las decisiones de los últimos tiempos con relación al estado de cosas que guarda Michoacán han sido tomadas violentando esa ley cuya vigencia presuntamente se busca recuperar. Legalizar lo ilegal ha sido la medida más impropia que se haya tomado en la actual administración y seguramente traerá consecuencias desastrosas para el estado de derecho no tan sólo en Michoacán, sino en todo el territorio nacional pues basta solamente que alguien tuerza los caminos del derecho para que todos se enfilen hacia la misma dirección. La simbiosis que sufrió la legalidad con la ilegalidad es manifiesta, y los criminales se unieron a gobernantes y a empresarios para hacer un solo frente, y eso es lo que nos tiene colapsados en la mayor parte del territorio patrio.
La legalización de los que hasta ahora han integrado los cuerpos de las llamadas autodefensas resulta brutalmente agresiva porque desde su concepción y su nacimiento han estado fuera de la legalidad. La ley puede cambiarse para que lo ilegal pase a ser legal, pero tiene que ser mediante un proceso seguido en el cuerpo legislativo que es al final quien tiene la facultad para modificar las leyes. La forma en que se tomó la decisión es ilegal porque las llamadas autodefensas no están dentro del marco legal y sus integrantes debieran ser incriminados por usar armas que solamente pueden ser usadas por las fuerzas armadas. Que pudiera darse el caso de que exista un estado de excepción, sí, pero no ha sido declarado así por ninguna instancia de los tres órdenes de gobierno.
Michoacán es un estado en el que la ilegalidad se enraizó hace muchos años como ocurrió en muchas partes del país, pero si mal no recuerdo, quienes juran como autoridades ejecutivas de cualquiera de los tres órdenes de gobierno lo hacen protestando guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y en el caso que nos ocupa la están violando flagrantemente a sabiendas de que pueden ser sancionados con la inhabilitación para mantenerse en el cargo. No se puede intentar recuperar el estado de derecho violando la ley desde la esfera oficial. Un Estado que realiza este tipo de actos es un Estado que viola la norma fundamental hipotética que le da origen y validez, y en consecuencia el acto ilegal lo sitúa dentro de la ilegalidad y la invalidez de cualquiera de los actos o decisiones de sus principales representantes. El estado de derecho sigue roto porque han continuado rompiéndolo las autoridades legalmente establecidas. ¿Aberrante no? Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.