En el mes de julio de 2011 la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado de México decidió no entregar las autorizaciones de revalidación de los verificentros NA-950, propiedad de “Ecológica Mexicana Alce Blanco, S.A. de C.V.”, y C1-991 de “Ecológica Mexicana Lago de Guadalupe, S.A. de C.V.”, argumentando que existían algunas denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Finalmente el conflicto se solucionó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad una vez que las sentencias favorecieron a las firmas mencionadas, asentándose en autos el abuso del Director de Ecología, sin embargo la misma procuraduría aseguró de forma indebida los dos verificentros en marzo de 2012.
A decir de muchos que han sido afectados de la misma forma, estos hechos forman parte de la campaña de hostigamiento que dirigen algunos empresarios que han buscado quedarse con la mayor parte de este tipo de negocios que operan en el Estado de México, encabezados por Jesús Corona Sánchez, Marco Antonio Valenzuela Villalpando, Abimael Ortiz Hernández y Miguel Agustín González, quienes además presumen de su gran influencia entre altos funcionarios gubernamentales estatales y del Gobierno Federal.
Después de haber librado la batalla en el campo de lo administrativo, José Antonio González Aguilar enfrenta ahora un problema de índole penal y en total indefensión. El 10 de noviembre de 2010 los CC. Sergio Claudio García López y José Luis Gutiérrez Anaya iniciaron ante el Agente del Ministerio Público de Naucalpan de Juárez, una denuncia en contra de José Antonio González Aguilar y Miguel Agustín González Aguilar, por el delito de abuso de confianza. De modo irregular se cambió la calidad de Miguel Agustín González Aguilar de indiciado a denunciante, y el 17 de agosto de 2012 se enviaron las diligencias ante el Agente del ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, mismo que consignó a Barrientos a José Antonio González Aguilar, por el ilícito de fraude. Durante la indagatoria no se probó la comisión de delito alguno, Como lo señalaron los dictámenes periciales de contabilidad, que nunca fueron exhibidos a la consignación, por lo que se presume que fueron alterados para incriminarlo.
El 22 de agosto de 2012 el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia, con sede en Barrientos, negó la orden de aprehensión solicitada por no existir elementos, pero el 24 de agosto de 2012 el Agente del Ministerio Público, Blanca Ivonne Romero Mendoza, exhibió dictámenes periciales de fecha 3 de agosto, es decir antes de la consignación, y una ampliación de dictamen de fecha 23 de agosto, signados por los peritos María Magdalena Téllez Bernard y Gabriela Leticia Martínez contreras, que no son concluyentes, con la finalidad de subsanar el error que motivó la negativa de la orden de aprehensión. El 27 de agosto de 2012 se libra de modo irregular la orden de aprehensión, además de ordenarse el aseguramiento del verificentro NA950, propiedad de “Ecológica Mexicana Alce Blanco”, y cuyo titular nada tiene que ver con las denuncias. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.