En México como en otras partes del mundo el ejercicio del periodismo es altamente riesgoso, e implica que muchos de mis compañeros tengan que diseñar sus propios códigos de protección ante la nula capacidad de la estructura gubernamental por tomar cartas en el asunto. Los resultados de las gestiones de las fiscalías que para el efecto se han conformado han resultado fallidos, y para desgracia nuestra una evidente muestra del poco aprecio que se tiene por la vida y la seguridad de quienes mantenemos firme el compromiso de informar a los mexicanos de manera objetiva lo que ocurre en todas las latitudes del país. No ha sido fácil para muchos reporteros describir con precisión los hechos en torno al fenómeno de la violencia, sobre todo porque algunos de ellos han perecido en el cumplimiento de su deber.
La Procuraduría General de la República decidió hace seis años conformar y estructurar una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos Contra Periodistas, pero en esos seis años nunca hubo una sola consignación, lo que quiere decir que el compromiso de investigar las agresiones y muerte de los periodistas quedó solamente en el discurso fácil y en el gasto inútil de una plantilla laboral que nunca consideró trabajar de verdad en la solución de cientos de casos aún pendientes. Pareciera que de lo que se trató es de darle “atole con el dedo” a uno de los gremios más lastimados del país y del mundo. Ser periodista en México es una profesión de alto riesgo.
Esta circunstancia ha provocado que muchos compañeros decidieran abstenerse de involucrarse en investigaciones que representaban riesgos directos, por lo que la sociedad ha sido quien pierde a causa de la perfidia gubernamental de fingir promesas que nunca serán cumplidas. Nunca se ha establecido una comisión que se encargue de conformar un código de protección a los periodistas, y mucho menos una que determine la forma de operar para evitar riesgos en su integridad. Para decirlo de otra forma, los periodistas representan el sector más vulnerable de la población en materia de seguridad, a la vez que el menos favorecido por las decisiones de quienes por sus cargos gubernamentales tienen la obligación de velar porque los riesgos sean minimizados.
No se trata de buscar culpables o de someter al escrutinio de los propios periodistas a quienes presuntamente fueron designados para velar por nuestra seguridad, sino de prevenir eventualidades y fortalecer la noble labor de informar a los mexicanos lo que acontece en cada uno de los rincones del suelo patrio. Muchos de mis compañeros han adoptado la autocensura como el último recurso ante la poca efectividad del Estado para brindarnos protección, y quien sale perdiendo en esta circunstancia es la sociedad. Temas relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, han desaparecido de la agenda de muchos compañeros a causa de las agresiones recibidas y la nula capacidad gubernamental para evitarlas o sancionarlas. Las cosas no han estado bien en los últimos seis años, pero habrá que esperar para ver si los actuales responsables de la conducción del destino de todos los mexicanos hacen algo o dejan de hacer. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.