Conforme saltan casi como chapulines los casos o sospechas de corrupción pública en el país, se me ocurre que es urgente, más todavía, un asunto de seguridad o sobrevivencia nacional que aparezca un estropajo profundo que cuando antes lave las entrañas de México.
Claro, habrá quien suponga que un estropajo es absolutamente insuficiente ante tanta impudicia que está colmando el vaso del país, tan espacioso a lo largo del tiempo.
El colega Jenaro Villamil acaba de resumir la red de gobernadores más emblemática bajo el torbellino de la sospecha y la corrupción. Cita los casos emblemáticos de Javier Duarte y Flavino Ríos, gobernador constitucional e interino de Veracruz.
Sigue, claro, con Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, a quien asocia a “una clara influencia en la situación criminal de su entidad y de Veracruz desde hace más de una década”.
Yarrington, como sabemos, fue recién capturado en Italia por instancias de autoridades de Estados Unidos, a donde será llevado primeramente y luego, probablemente, lo presten a México. Esto último sólo para que no se diga que otra vez el país queda en el cabuz estadunidense.
Otros ex gobernadores en el ajo de la corrupción citados por Villamil incluyen a José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder del desvío de 2 mil 323 millones de pesos desde el gobierno de Fausto Vallejo, mandatario priista con quien se desbordó la influencia de los cárteles de la droga.
Andrés Granier, ex gobernador priista de Tabasco, detenido en 2013 por desvío de 2,600 millones de pesos.
Guillermo Padrés, ex gobernador panista de Sonora, el único de los 8 gobernadores señalados desde noviembre de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación por una serie de irregularidades graves en el manejo del presupuesto.
Mario Villanueva, ex gobernador priista de Quintana Roo, arrestado desde el gobierno de Vicente Fox por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
A estos siete detenidos hay que sumar a los mandatarios del “nuevo PRI”, también acusados, algunos prófugos, otros amparados o simplemente en el anonimato.
Entre esta “categoría” figuran Rodrigo Medina, ex gobernador priista de Nuevo León, quien estuvo unas horas en la cárcel y libró la acusación de peculado y desvío por 3 mil 600 millones de pesos.
César Duarte Jacques, ex gobernador de Chihuahua, quien se encuentra prófugo desde hace más de tres semanas, acusado de peculado y presunto lavado de dinero.
Roberto Borge, ex gobernador priista de Quintana Roo, quien no tiene orden de aprehensión en su contra, pero enfrenta 9 denuncias ante la PGR y la fiscalía de la entidad por rematar 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, ex dirigente nacional del PRI, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó que durante su gobierno la deuda pública se disparó de 323 millones de pesos a 36 mil 186 millones de pesos.
Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, sucesor de Yarrington (2004-2010), buscado por la DEA desde el 18 de junio de 2015.
Mario Anguiano Moreno, ex gobernador priista de Colima, acusado por irregularidades presupuestales por 1,800 millones de pesos y en proceso de “juicio político” y Jorge Herrera Caldera, ex gobernador de Durango, acusado por un presunto desfalco y un súbito endeudamiento por 15 mil millones de pesos.
Hasta allí la lista. Pero hay más. El caso Odebrecht apesta y su hedor alcanza esferas demasiado altas.
¿Bastará el estropajo? Al menos podría usarse para una lavada de cara. Cosa del electorado.
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