Acaba la Corte Suprema de Justicia de México (CSJN), cuyos ministros gozan de estipendios monumentales, alejados por lo demás de la inmensa mayoría de mexicanos, de avalar que los menores entre 14 y 18 años, acusados de delitos graves, vayan a la cárcel
durante un período máximo de 5 meses mientras se lleva a cabo el proceso de determinación de la sentencia del caso que los involucre.
En consecuencia, los menores acusados de delitos graves quedarán sujetos a prisión preventiva, entendiendo éstos como los delitos de homicidio calificado, terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión agravada, violación o abusos sexuales, lesiones graves, robo con violencia y trata de personas.
Por mayoría de ocho votos, los integrantes del alto tribunal coincidieron en que la prisión preventiva para los menores de edad no está prohibida de forma expresa en la Constitución como argumentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tampoco violenta la presunción de inocencia.
Esos son los argumentos esenciales de ocho de los 11 ministros de la SCJN, cuyos salarios, emolumentos, prerrogativas u lo que sea, están a años luz de casi el 100 por ciento de los mexicanos. Son esos ministros, los llamados “impartidores” supremos de la justicia del país. Debieran empezar por constituirse en un modelo de justicia personal.
La decisión de los pomposamente llamados magistrados me hizo recordar –no sé por qué- a aquel niño de nombre Edgar Jiménez Lugo, mucho mejor conocido como “El ponchis” o el niño sicario. ¿Lo recuerdan? Aquel que a los 14 años ya sumaba la autoría confesa de al menos 4 degollados, y que según su propio testimonio al momento de su arresto en Morelos en 2010 hizo ver que él sólo degollaba, pero nunca colgaba a sus víctimas de los puentes.
“Ponchis” se supo entonces pertenecía o se le asociaba al Cártel del Pacífico Sur, que encabezaba Héctor Beltrán Leyva. Nada menos.
Con base en el dictamen de la SCJN, “El ponchis” calificaría si fuera así la coincidencia del caso para ir a prisión preventiva por cinco meses hasta que se determinará su responsabilidad jurídica en los cargos que se le formularon entonces. Saldría seguramente de prisión como un verdadero experto del crimen. Claro eso no importó a los “ministros” del máximo tribunal de justicia del país que avalaron semejante barbaridad.
Entiendo que hay muchos, quizá miles de menores que ya torcieron no sólo el camino, sino su vida entera por su participación en hechos o crímenes graves. Entiendo que hay muchas personas, hastiadas a tal grado del crimen, que abogarán por la cárcel y aún peores condenas para ese tipo de infractores, que florecen al amparo de un México desesperanzado que lucha contra todo tipo de problemas.
Pero me pregunto por qué optar por una medida drástica, radical y tan urgente, como la recién aprobada por la SCJN antes que ampliar la mira en un horizonte mayor para ir a las causas que generan y/o favorecen el surgimiento de los niños sicarios o de otros perfiles criminales y sanguinarios.
A miles, a millones de niños, adolescentes y aún jóvenes del país, se les niegan oportunidades en todos los sentidos o, al menos, en muchos de ellos, pero en cambio se les amenaza, amedrenta y aún castiga con la prisión. Dudo mucho que el amago carcelario blinde a niños, adolescentes y jóvenes de incurrir en actos delictivos, pero estoy seguro de que tendremos un segmento poblacional juvenil mucho más peligroso para ellos y el país. Veremos.
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