La teoría indica que en un sistema democrático, en cualquier país del mundo, los gobernantes están obligados a atender a los gobernados. Los escuchen, al menos. Debatan con ellos sobre cualquier tema, más aún si éste es importante y tiene el potencial de impactar de manera particular su vida diaria.
En México, esto es prácticamente imposible conforme las nuevas evidencias. El hecho debería llamarnos a reflexionar, pero sobre todo a actuar para cambiar estas sui generis prácticas de gobierno, que se acentúan cada vez que la clase gobernante se juzga en riesgo o peligro, que dicho sea de paso no surge del pueblo, sino de su habitualmente pésimo ejercicio gubernamental.
Viene el punto a cuento ante la forma en que los legisladores mexicanos en general actúan a contrarreloj incluso para dar luz verde y salir cuanto antes del espinoso tema de la ley de seguridad interior, impugnada desde una perspectiva digamos que poliédrica por el alto número de flancos abiertos y que se han manifestado en contra de esa tentación autoritaria que aflora sobradamente, y de manera coincidente con un clima social delicado para usar un adjetivo suave.
Las críticas, señalamientos y alertas contra el recurso legislativo que pretende dotar a las fuerzas armadas de un esquema legal para justificar su permanencia en las calles y su actuación presuntamente contra el crimen organizado, debieron ya haber bastado y sobrado para que los señores (as) legisladores hicieran un alto en el camino y ponderaran esas reservas, que no se reducen al ámbito nacional, sino que también alcanzan organismos de elevada reputación como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros expertos del organismo multilateral y otras voces que se han manifestado suficiente y neutralmente desde el punto de vista político sobre el punto de referencia.
Y sin embargo, los legisladores del país siguen sin abrir los oídos y menos su interés a las voces críticas que están llamando la atención sobre las eventuales consecuencias negativas de poner al país prácticamente un bozal y una camisa de fuerza para que nada pueda hacerse en contra de las maneras, usos y costumbres de los señores de uniforme castrense cuando entren en acción, ya galvanizada por la ley, contra “los malosos”, conforme una consideración tan subjetiva como enteramente presidencial.
Preocupa el contenido de la ley, cierto. Pero es todavía peor, el desdén con el que actúan los legisladores hacia los gobernados que ellos y sólo ellos dicen representar o gobernar.
¿Cómo asumir la certeza de que México está sujeto a un estado democrático? Los legisladores, que según se dice encarnan la soberanía nacional, dan la espalda al pueblo, lo ignoran o desdeñan y lo hacen más por el interés de sus auténticos jefes que de quienes se dicen sus representados. Pesan más esos intereses personales o de grupo y/o las prebendas de todo tipo, pecuniarias muchas veces, que se les otorgan por ignorar a los gobernados. Vaya democracia la nuestra.
Así, no sería nada extraño que cuando éstas líneas estén bajo la luz pública se haya generado ya un albazo legislativo con la presunción de que éste será la carta más conveniente para el país y su vida institucional.
Si esto se confirma y es así, entonces la sociedad en general, el pueblo pues, debería actuar también en consecuencia. ¿Qué acciones podría tomar el pueblo organizado? Hay tiempo esta vez para castigar en julio próximo a una clase política huidiza, carente de compromiso con sus electores y aún desdeñosa de las normas básicas de una democracia, la peor de ellas el rechazo o negativa a escuchar y atender un reclamo popular.
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