LOS 43

Si bien nunca se han ido, volvieron a las calles de la ciudad de México para exigir de nueva cuenta la verdad de los hechos que hace cuatro marcaron sus vidas.

¿Dónde están? Si, los 43. ¿Nadie sabe? ¿Cómo creerlo? ¿Cómo aceptar que el gobierno federal, estatal y municipal, las fuerzas armadas y cuerpos policiales de los tres niveles, no sepan qué pasó esa noche del 26 de septiembre de hace cuatro años? ¡Increíble!

Nadie en su sano juicio puede asumir que cuatro años después de la desaparición de esos muchachos, que hoy ya serían seguramente maestros, sepa qué pasó esa noche aciaga.

Por eso han vuelto a marchar los deudos, amigos y simpatizantes. Entre 15 y 20 mil dolientes se manifestaron, exigentes claro, para que de una vez por todas se construya y narre la verdad de los hechos. En ningún país civilizado, hombre, puede aceptarse que hayan desaparecido -¿o muerto?- 43 muchachos sin que nadie sepa qué pasó y mucho menos que lo ignoren los gobiernos de los tres niveles.

Alentador sin duda que miles de mexicanos, los que marcharon la víspera, sigan en las calles, que no den por cerrado un caso tan ominoso y que sin duda impactó al gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto, quien cuatro años después de ese episodio triste, lamentable, inaceptable, diga que sigue comprometido con la verdad.

Esperanzador que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esté listo para que a partir de su toma de posesión el uno de diciembre próximo cree por decreto una comisión de la verdad, que es lo que la mayoría de los mexicanos seguimos esperando, más todavía los padres y familiares de esos muchachos estudiantes, que no puede aceptarse –insisto- hayan desaparecido así nomás.

Hace tres años, el gobierno resintió la difusión de un informe del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE), convocado éste por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso.

El documento echó por tierra “la verdad histórica” del ex procurador, Jesús Murillo Karam, lo cual fue grave de suyo, pero peor todavía constituyó un golpe a la imagen en el ámbito de los derechos humanos del gobierno del presidente Peña Nieto, que esa vez reaccionó –también hay que decirlo- con rapidez al ordenar la incorporación del  duro informe a las pesquisas gubernamentales del caso.

Según el GIEI “todas” las  circunstancias y hallazgos mostraron los déficits en la investigación como de las tareas que quedan pendientes para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso, incluyendo una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos, que aún se considera “incierto”.

Lo que “queda por delante, y los caminos por los que se debería orientar a juicio del GIEI tanto la búsqueda de los desaparecidos, como la investigación de los hechos y responsabilidades y la atención a las víctimas y familiares”, el cual será ampliado para profundizar las investigaciones, un hecho destacable por parte del gobierno.

Y es que a juicio del GIEI, “debe darse un replanteamiento general” del caso de la normal de Ayotzinapa a partir de los resultados de esta investigación, en la que fueron hallados numerosos “déficits”.

Grave pues que hayan salido a la luz por los expertos del GEIE  señalamientos tan críticos sobre la investigación de este caso, un hecho que evidenciaría las falencias para aclarar la verdad de los hechos, y al mismo tiempo avalaría las versiones de los deudos y de grupos independientes que han censurado “la verdad histórica” de Ayotzinapa.

El informe echaría por tierra el resultado de las pesquisas de la Procuraduria General de la República (PGR) bajo el comando entonces de Murillo Karam.

Ahora queda entonces la esperanza.