Lo ocurrido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la intentona de extender dos años el mandato legal
del titular del máximo tribunal de México, Arturo Zaldívar en este caso, es una lección de acatamiento a la ley, de respeto en consecuencia al orden constitucional y, al mismo tiempo, un imprescindible balance entre los pesos y contrapeso de los poderes constitucionales del país.
La decisión del supremo tribunal mexicano, alcanzada por unanimidad, de invalidar la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar, resulta saludable y aún vital en momentos en que la República Mexicana soporta con muchas dificultades el embate de un presidencialismo resucitado y que se creía cosa del pasado. Tampoco es un logro menor en un país como el nuestro, donde se pretende aniquilar o apabullar al menos, la independencia y/o autonomía de numerosos órganos del Estado mexicano, que apenas sobreviven o se encuentran en capilla del poder prácticamente omnímodo del Ejecutivo federal, que arrasa cuanto se opone o resiste a su paso para configurar de nueva cuenta la figura del presidencialismo absoluto y total.
Tampoco es cosa menor que la decisión de los magistrados de la Suprema Corte se haya tomado en una circunstancia compleja y donde se observa un poderío creciente del brazo militar en México, con una injerencia cada vez más preocupante en el ámbito civil de la vida pública nacional, alentada y con la total anuencia del Jefe del Ejecutivo Federal, que de manera creciente cede espacios a los militares del país, y aún los blinda para sobreponerlos a cualquier instancia civil del futuro, en aras de la presunta incorruptibilidad de una institución como la castrense sometida hoy día a las tentaciones más altas que haya experimentado durante toda su historia en México.
En la víspera, la Suprema Corte de Justicia del país examinó la legalidad de la ampliación del mandato del ministro presidente, Arturo Zaldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal.
Esta ampliación de término de mandato fue agregada en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por la bancada de Morena con el argumento de que la permanencia de Zaldívar y los actuales consejeros en sus cargos permitiría la adecuada instrumentación de la reforma al Poder Judicial de la Federación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ampliación fue impugnada por senadores y diputados de oposición con base en el argumento de que se violó el proceso legislativo y aún los principios de la independencia judicial y la división de poderes. Algo esto último que poco parece importar en estos días, cuando late la premonición de “al diablo con las instituciones” o la grave disyuntiva de optar por la justicia antes que por la ley.
El proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco propuso declarar inválido el artículo Décimo Tercero transitorio donde se añadió la ampliación de los cargos del ministro presidente y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal hasta por dos años.
El ministro Zaldívar dijo a sus compañeros en Pleno que no se declararía impedido para participar, por lo que no se excusaría de hacerlo.
Por lo pronto al menos, la intentona topó con el fallo unánime del máximo tribunal del país. Algo esto que debería sentar un precedente saludable para la vida democrática y plural del país, y alejar todo tipo de tentaciones voluntaristas.
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@RoCienfuegos1