Vaya golpe en la mesa que acaba de dar la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña,
al ordenar una investigación del Consejo de la Judicatura Federal para determinar con base en una denuncia anónima si hay o no responsabilidad del ex titular del poder judicial del país, Arturo Zaldívar y poco más de un medio centenar de sus colaboradores en diversas irregularidades durante su ejercicio.
Claro, la orden de investigar coincide con el proceso electoral que tendrá su momento crítico el dos de junio próximo cuando los votantes mexicanos acudirán a las urnas para determinar unos 20 mil cargos de elección, entre ellos la nueva titularidad del Ejecutivo Federal. La pesquisa agrega un ingrediente crítico al hecho comicial en proceso, sin duda, pero no por eso -ni siquiera por eso- debería posponerse o echarse debajo de la alfombra.
Hay otros hechos, asociados en algún grado con esta orden de investigar, que por sí mismos debieron concitar en su momento una pesquisa sobre el particular y que sin embargo, se desdeñó quizá por razones políticas, otras de naturaleza tal vez inconfesables, por negligencia o simplemente porque para las autoridades del país, no ameritaban el inicio de una investigación seria, profesional y objetiva.
En este contexto podría cobrar relevancia un libro que al aparecer públicamente en el año 2023 no mereció la resonancia que merecía, según la presentación en Amazon.
Aludo al libro “Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T”, escrito por Hernán Gómez Bruera, un periodista y analista proclive al movimiento político hoy en el poder. El libro fue publicado en el año 2023, y si bien toca un tema altamente sensible en México, no dio paso a ninguna investigación, o hasta donde registro, ninguna descalificación desde el poder.
Según Gómez Bruera, el libro cuenta la historia del hombre que traicionó a López Obrador y operó el negocio de la justicia en México por medio de un presunto esquema de extorsión y tráfico de influencias con abogados, jueces y funcionarios de las fiscalías. Quizá nadie imaginó entonces la actualidad que podría cobrar esta investigación poco menos de un año después, y cuando faltan unos 45 días para la elección de junio, un parteaguas en México.
Como sabemos, en septiembre del año 2021, Julio Scherer Ibarra dejó el cargo de titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia del país. Sherer, junto con el ex ministro-presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, son ahora citados como dos figuras clave en la pesquisa recién anunciada por la Judicatura Federal.
Como también sabemos, el presidente López Obrador quiso extender el mandato de Zaldívar al frente del máximo tribunal de justicia del país, algo que sólo quedó en un intento.
Luego vinieron otros intentos por conseguir la docilidad de la SCJN con la intención de que la ministra Yasmín Esquivel asumiera la presidencia del supremo tribunal. Fallaron también.
Recién en febrero pasado, el presidente López Obrador reveló públicamente en su matutina que mientras encabezaba la SCJN, Zaldívar ayudaba al gobierno de la 4T para influir en las decisiones de jueces, para impedir -eso dijo- la liberación de criminales.
El presidente admitió públicamente que “tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, confesó.
Conforme a esta confesión presidencial hecha pública en febrero pasado, bastaba una llamada telefónica a Zaldívar para que éste ayudara. Vaya cosa. Los propios abogados suelen decir que a confesión de partes relevo de pruebas. Así que está clara la intromisión del poder ejecutivo sobre el judicial, con lo que se transgrede la separación de poderes que establece la Constitución federal, así pueda argumentarse en descargo la necesaria colaboración, aunque no sumisión de uno al otro.
En febrero del 2022, el abogado Paulo Diez Gargari reveló que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Scherer Ibarra, por traicionar la confianza del mandatario federal.
En un comunicado difundido entonces en sus redes sociales, Diez Gargari informó que presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía, contra Scherer Ibarra y otros servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, por los aparentes delitos de asociación delictuosa y ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, entre otros.
Las reacciones a la investigación recién ordenada por la ministra-presidenta Piña no se han hecho esperar.
La candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum consideró que este tipo de investigaciones no ayudan a México, si el objetivo es avanzar conjuntamente hacia adelante, más si como ella está convencida de que ganará la elección del dos de junio.
La opositora Xóchitl Gálvez propuso que Zaldívar ponga distancia de la candidata Sheinbaum mientras se investiga, en tanto que el propio ex titular de la SCJN, rechazó cualquier irregularidad en su gestión, dijo que no podrá probarse nada de lo que se acusa y vinculó los señalamientos en su contra a una intencionalidad política para dañar a la 4T en tiempos electorales.
Sobre la indagatoria en su contra, Scherer Ibarra negó que él con Zaldívar se hubieran confabulado para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. “Claro”, dijo a El Universal al rechazar los señalamientos en su contra
¿En qué parará este nuevo caso que sacude al país? El tiempo pasa y las elecciones se acercan, mientras que el encono escala.
@RoCienfuegos1