Opinión

Se cumple un año de lo que se podría considerar la peor afrenta al Estado de Derecho diría junto a la determinación de la Suprema Corte por llevar a juicio a ciudadanos mediante una consulta popular. 12 meses del “culiacanazo”, un evento que desmanteló al gobierno, sus operativos, su inteligencia y mantuvo impunes a las responsables, primero porque

La cotidiana embestida, desde el máximo púlpito del país, contra periodistas, reporteros, columnistas y medios de comunicación que disienten de la administración del licenciado López Obrador, ha dejado de sorprender incluso a los citados en esa letanía que los descalifica, estigmatiza e insulta con la ironía de, por ejemplo, colgar hamacas, en el Zócalo, para los dueños del diario Reforma y de El Universal para que se sumen al plantón de integrantes de Frenaaa.

Hoy la discusión gira en torno a la extinción de 109 fideicomisos, fondos sin lugar a dudas fundamentales para el apoyo de millones de mexicanos en actividades específicas, una decisión polémica. Dice el presidente que los fideicomisos se expropian “porque había corrupción” y no lo dudamos, pero como siempre en los últimos 23 meses, la forma en que se deciden los cambios, no solucionan el problema.

Entre las diversas distorsiones que han vivido los movimientos políticos en el orbe, se encuentra el concepto de “derechos humanos” que, paulatinamente, no sólo han dejado de ser una bandera justa y necesaria para alcanzar la ansiada equidad, sino que se han transformado en simples recursos retóricos utilizados para arengar y fingir compromisos políticos e ideológicos entre votantes, partidarios y feligreses.

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