El Estado y sus razones (Andrés A. Aguilera M)

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Tras el auge que generaron la implementación de las políticas del Estado de Bienestar y los desequilibrios económicos generados para los gobiernos, las teorías económicas avanzaron y se retoma, con más fuerza, las ideas económicas neoliberales que, paulatinamente, fueron desplazando al “Estado de Bienestar” y transformándolo en un “Estado Policía”, cuya única función es garantizar la seguridad de la población para que ésta, en libertad, pueda determinar las mejores formas y caminos para lograr el bien público.

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En los últimos meses la promoción del odio se ha vuelto un mecanismo muy rentable para que, personajes políticos que han salido de escena, vuelvan a ser el centro de los reflectores. Ya sea con declaraciones estridentes que llaman a la desobediencia, con constantes manifestaciones con una concentración considerable de seguidores o bien al llamamiento a la desobediencia de la ley, personajes otrora asediados por los medios, hoy claman por un poco de notoriedad.

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 El miércoles de la semana pasada se conmemoró el 45 aniversario de la matanza de Tlaltelolco. Con sendas marchas, aquellos quienes encabezaron el movimiento estudiantil en aquel emblemático 1968 realizaron una marcha para recordar aquellos lamentables sucesos que sirvieron de parte aguas para iniciar la transformación de las instituciones políticas del país.

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El odio y la descalificación se han vuelto parte innegable de las condiciones políticas del país. Los antiguos prejuicios y el encono generalizado contra el actual régimen, se ha vuelto la bandera favorita de los partidos de oposición.

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Hoy, tras 203 años del llamado del cura Miguel Hidalgo a la rebelión en contra de las fuerzas peninsulares, nuestro México vive una celebración bastante distinta a las anteriores, pues ésta estuvo marcada por una emergencia nacional, generada por el azote de dos grandes fenómenos hidrometeorológicos que afectaron a un número importante de estados de la Unión.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras un año de discusiones y criterios encontrados, tuvieron a bien sentar jurisprudencia para que los juzgadores federales privilegien los preceptos de nuestra Constitución Política sobre los Tratados Internacionales signados por el Estado Mexicano.