Sin pretender ser catastrofista, en la mayor parte del territorio nacional, hasta ahora, campea la impunidad porque quienes tienen la obligación de aplicar la ley dejan hacer y dejan pasar por conveniencia o corrupción. Tradicionalmente esa ley a que me he referido exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad o del interés general.

No ha sido fácil para el Presidente de la República administrar un país con índices de una severa recesión económica y un creciente desempleo, y tampoco cuenta con una varita mágica para dar resultados desde el momento de ocupar la Primera Magistratura. Poco entienden de la función gubernativa quienes aducen el fracaso como la consecuencia de una administración carente de experiencia para capear el temporal, porque si mal no recuerdo la crisis internacional tiene poco más de seis años que se inició con el problema hipotecario en Estados Unidos.

La Secretaría de Gobernación publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Hoy entró en vigor y me parece que finamente es uno de los instrumentos más valiosos para combatir uno de los modernos flagelos que ha inventado el hombre para explotar y esclavizar a sus semejantes, sobre todo en tratándose del género femenino.

No acudir a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para comparecer ante la Asamblea General y presentar la Alianza del Pacífico junto con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Ollanta Humala, le debe haber pesado mucho al Presidente Enrique Peña Nieto, pero si algo tenemos que reconocerle es su decisión de colocarse al frente de los trabajos de ayuda solidaria a los damnificados por el paso de Ingrid y Manuel, que han dejado devastados a varios estados del país.

Para la mayor parte de los habitantes del Distrito Federal resultó un poco deslucido el primer informe de Miguel Ángel Mancera por la agresiva estadía de los maestros de la Sección XXII perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y a decir de la mayor parte de los encuestados por un periódico de circulación nacional, a quienes ha consentido simplemente por militar en las filas del partido que lo llevó al poder.

Si algo demostraron los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es que muy poco saben de educación y muy poca vocación tienen por ella. La forma en que alteraron la vida de la Capital de la República fue deleznable y habla de una mendicidad que solamente los enemigos que en antaño tuvo esta patria nuestra mostraron.