Si de algo podemos estar ciertos los mexicanos es que la política ha cambiado mucho en este país. Y no es que sea una circunstancia que nos afectará más, porque en lo político las afectaciones siempre las padecen los gobernados y en esta ocasión no será la excepción, simplemente es que al cambiar la forma del interés de nuestra clase política, necesariamente habrá consecuencias que seguirán agravando nuestra circunstancia.

Algunas veces los hombres y mujeres que se dedican al ejercicio público o a la política de partido son tan incongruentes, que rayan en el cinismo cuando asumen posiciones que más que generar simpatías entre los electores pasan por el campo de lo grotesco y ridículo. Y no es que mi dureza en la reflexión signifique que alguien en especial haya realizado un acto que me afecte en lo personal, porque en la mayor parte de las veces lo que hacen repercute severamente en el campo de lo público, y concretamente en el comportamiento de nuestra sociedad. Por ello hablo de la irresponsabilidad como forma de hacer política, porque se pretende asumirse como los poseedores de la razón cuando la realidad indica que mucha de la culpa de nuestros males proviene de ellos.

Si hay algo que tenemos que reconocer es que este país enfrenta problemas disímbolos y eventualidades que ponen en duda la credibilidad de quienes nos gobiernan. El problema es que pareciera que nuestros conspicuos gobernantes no terminan de entender que el desgaste que han sufrido en los últimos años, desde que entramos en una fase de renovación democrática con las reformas políticas que iniciará Jesús Reyes Heroles con la que emergieron del clandestinaje algunas fuerzas opositoras armadas.

En este país existe una cultura muy arraigada que habla de la proclividad de los servidores públicos para violentar las disposiciones legales que regulan el marco de sus responsabilidades. Para decirlo de una forma más asertiva, los funcionarios públicos saben distinguir muy bien que pueden y qué no pueden, pero antes que pensar en el cumplimiento estricto del marco legal visualizan la forma de evitar su cumplimiento. Es una cultura generalizada que muestra la infinita capacidad de los funcionarios públicos para identificar nichos de oportunidad para el desarrollo de los actos de corrupción.

Este país tiene muchos años convertido en un cementerio. Los criminales iniciaron una etapa en la que la impunidad se ha impuesto a causa de la carencia de resultados entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, lo que evidenció la forma en que nuestros gobernantes colocaron sus prioridades en otros rubros, con lo que la criminalidad comenzó a realizar sus acciones contra los ciudadanos abandonados por las instancias que debieran protegerlos. No es fácil afirmar lo anterior, pero es lo que a pesar nuestro ocurrió hace muchos años y que ahora lamentamos, aunque también exigimos a quienes tienen que resolverlo, quienes por cierto no son los mismos que lo iniciaron.

Cuando los gobernantes aprovechan sus encargos para fines distintos que el de administrar los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos, gobernar para todos y coadyuvar en la construcción del futuro previsible, están traicionando no tan solo a los electores, sino al país porque están faltando al juramento que hicieron al tomar posesión del encargo y que está consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quiere decir que están cometiendo el delito de traición no tan solo a la gente que los votó, sino a las instituciones que les permitió en su régimen de libertades acceder al estatus que debiera ser sagrado: servir a los demás. Pero muchos prefieren el camino de la corrupción, del disfrute de prebendas con el dinero de los ciudadanos, y en la mayor parte de las veces con un cinismo que raya en lo grotesco.